San Ignacio, Sin. (RI Noticias).- La jornada de terror vivida este domingo en la cabecera municipal de San Ignacio no es solo una noticia sobre un enfrentamiento entre civiles armados; es un testimonio del abandono institucional en la sierra sinaloense. Mientras el sonido del armamento de alto poder, e incluso reportes de explosivos, sembraba el pánico, forzando a familias enteras a huir de sus hogares, la respuesta del Estado brilló por su vergonzosa ausencia.
El horror se extendió desde la mañana hasta el anochecer. Los disparos impactaron viviendas, el miedo se hizo aire irrespirable, y los llamados desesperados de auxilio a los números de emergencia cayeron en el vacío. Lo más indignante, y lo que amerita una crítica severa a los tres niveles de gobierno, es la proximidad: el municipio cuenta con una base militar y existen corporaciones federales y municipales. Sin embargo, en el momento de mayor urgencia, cuando la vida de los pobladores estaba en riesgo inminente, las autoridades no se presentaron.
La narrativa oficial fue desmantelada por la realidad más cruda: la ciudadanía no fue protegida. La magnitud de la violencia, lejos de ser un hecho aislado, es señalada por los habitantes como una “constante” que se ha recrudecido.
La llegada de las fuerzas de seguridad solo se concretó después de las 19:00 horas, cuando la naturaleza, en forma de una fuerte lluvia, había logrado lo que el Estado no pudo o no quiso: detener el enfrentamiento.
La tardanza en la respuesta de las autoridades, en un estado históricamente golpeado por el crimen organizado y con una estrategia de seguridad federal que presume de coordinación y presencia, evidencia una falla estructural. San Ignacio se convierte así en el más reciente y doloroso ejemplo de cómo, a pesar de las bases militares y las promesas de seguridad, hay zonas del país donde la ley del más fuerte (el crimen) se impone, y la única esperanza de paz es la llegada de la lluvia, no de la autoridad.
