El presidente del PRI, Alejandro Moreno dijo que iniciará acciones legales después de la expropiación de un terreno propiedad de su madre en el estado de Campeche.
Fue a través de su cuenta oficial, @alitomorenoc que el dirigente priista señaló que va a proceder legalmente por estos hechos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Layda Sansores.
“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”, destacó el campechano.
La decisión de utilizar el predio para la construcción de una universidad pública ha sido presentada por el gobierno estatal como una medida de “utilidad pública”, mientras que Moreno sostiene que se trata de una represalia política.
La controversia se originó cuando Layda Sansores, quien encabeza el gobierno de Campeche desde 2021, ordenó la expropiación del terreno, justificando la medida con el argumento de que el espacio será destinado a un proyecto educativo que, según sus declaraciones, beneficiará a la población local.
Esta acción ha sido interpretada por Alito Moreno como un acto de persecución, enmarcado en la prolongada rivalidad entre el PRI y Morena en la entidad.
El líder nacional del PRI ha manifestado públicamente su rechazo a la expropiación, asegurando que su equipo jurídico ya prepara los recursos necesarios para impugnar la decisión ante los tribunales.
Moreno, quien considera que la medida responde a motivaciones políticas y no a un interés genuino por el desarrollo educativo.
La polémica se ha trasladado también al ámbito federal
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue consultada sobre el caso y explicó que el aseguramiento de propiedades en Campeche, pertenecientes a familiares de Alito Moreno y ordenado por la gobernadora Layda Sansores, obedece a la sospecha de que estos bienes fueron adquiridos mediante operaciones ilícitas.
“Lo que entiendo, es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción, y que por eso viene este esquema, fíjense, ahora estamos planteando que se está trabajando en la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio, incluso en casos de delincuencia organizada en donde está aprobado, ya está la sanción a la persona y hacer la extinción de dominio es muy largo”, declaró la mandataria.
La mandataria federal subrayó que la ley de extinción de dominio está siendo revisada para facilitar la recuperación de bienes vinculados a delitos graves, lo que añade un componente legal y político al debate sobre la expropiación.
Por su parte, Alito Moreno ha reiterado que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y forman parte de una campaña de difamación.
“En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente he demostrado, con la ley en la mano, que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, escribió Moreno.
La firmeza de las posturas tanto de Layda Sansores como de Alito Moreno anticipa un proceso judicial que podría tener repercusiones en la política local y nacional, con el futuro del predio y la viabilidad del proyecto universitario como puntos centrales de la disputa.
