Culiacán, Sin. (RI Noticias).-La Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) manifestó su preocupación ante la reciente iniciativa de modificación a la Ley de Amparo, haciendo un llamado a un análisis puramente técnico y no político de la propuesta.
Julio César Silvas Inzunza, presidente de la organización, enfatizó la importancia de esta herramienta jurídica como mecanismo de protección ciudadana frente a los actos de autoridad, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de su debilitamiento. La ADECEM anunció que revisará a detalle la iniciativa, aprobada ya en la Cámara de Diputados, antes de emitir un posicionamiento definitivo, priorizando siempre la certeza jurídica.
El líder empresarial fue enfático al señalar que el juicio de amparo es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en México. “Yo pienso que, indiscutiblemente, el amparo es una herramienta que le permite a los ciudadanos protegerse precisamente contra los actos de autoridad y el abono a la cultura de la certeza del Estado de Derecho, pues este es un instrumento muy necesario”.
Por lo anterior, Silvas Inzunza, destacó el rol protector de este recurso legal. Por ello, considera que, lejos de debilitarse, la legislación debería fortalecerse para garantizar una justicia pronta y expedita, que en la práctica actual es costosa y lenta para el ciudadano promedio.
Además, advirtió que cualquier reforma que perjudique el interés del ciudadano en este ámbito haría prácticamente imposible su defensa contra los actos de autoridad, convirtiendo la justicia en un “privilegio de unos cuantos”. También,abordó la preocupación sobre un transitorio que permitiría la retroactividad de la ley, algo que, a su juicio, contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos y los acuerdos internacionales a los que está sujeto el país.
El gremio empresarial ve en esta posible reforma un factor de incertidumbre jurídica que podría tener un impacto negativo en la inversión. La protección que ofrece el amparo al ciudadano y por extensión a las empresas contra los actos de gobierno es un pilar de confianza para las inversiones locales, nacionales y extranjeras.
