Mazatlán, Sin. (RI Noticias).-La Generación Z (jóvenes nacidos entre 1997 y 2012) ha emergido como una fuerza cívica y apolítica que exige el “revocamiento de mandato” de la actual presidenta, impulsada por el caos que perciben en la seguridad nacional. Este colectivo, que se declara sin afiliación ideológica, convocó una marcha (inicialmente señalada para el 15 de noviembre) con la meta de exigir mayor transparencia, el fin de la corrupción, la impunidad, y la resolución de la profunda crisis de violencia que afecta al país.
El motor central de la protesta es una crítica directa a la estrategia de seguridad federal “abrazos y no balazos”, heredada del gobierno anterior. Los jóvenes denuncian que esta política se niega a confrontar de manera efectiva a los grupos delictivos, lo que ha permitido una profundización de la crisis de inseguridad, violencia y desapariciones cotidiana. El movimiento busca transformar esta frustración juvenil en una expresión pública de resistencia que señala una fallida estrategia de seguridad.
Para esta expresión pública, la Generación Z utiliza símbolos de la cultura pop global, destacando la bandera de One Piece. Este emblema representa, para los manifestantes, la libertad, la elección individual y la autonomía de seguir el propio corazón. El uso de este lenguaje de resistencia cultural y digital es un intento creativo de reclamar un espacio público más justo y seguro.
Frente a esta convocatoria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha optado por deslegitimar el movimiento. La mandataria anunció públicamente una investigación a las cuentas en redes sociales que impulsan la movilización, alegando que no son manifestaciones espontáneas, sino una campaña “orquestada” y “financiada” con “mucho dinero” por grupos de oposición como “Mexicanos contra la Corrupción” y el PRIAN, buscando redirigir la crítica social hacia una disputa meramente política.
La decisión del gobierno de “ubicar” e investigar a los convocantes, en lugar de abordar las problemáticas reales de violencia e inseguridad, es preocupante. Esta reacción presidencial corre el riesgo de ser percibida como un intento de intimidación y supresión de la disidencia juvenil. Al centrarse en desacreditar el origen y la legitimidad de los organizadores en vez de responder a sus demandas, el gobierno establece un peligroso precedente sobre cómo se maneja la protesta social en la era de las redes, priorizando la defensa política sobre la resolución de la crisis nacional.
