La Fiscalía General de la República (FGR) decidió llevar ante un juez la investigación abierta contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presuntas irregularidades en la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo en 2004.
Y es que la acusación central sostiene que la académica mencionada habría incurrido en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, lo que abrió un proceso que ahora deberá ser revisado en los distintos tribunales e instancias
De acuerdo con la carpeta judicializada, la pensión fue otorgada a María Amparo Casar tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex.
La pensión vitalicia de María Amparo Casar en Pemex
Su incorporación a la paraestatal ocurrió el 1 de junio de 2004 y falleció el 7 de octubre del mismo año, después de caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de la petrolera. Aunque peritajes internos apuntaron a un suicidio, Pemex informó en 2024 que los documentos oficiales no consignaron de forma explícita esa conclusión.
No obstante, el 19 de octubre de 2004 se solicitó el pago de la pensión posmortem para sus beneficiarios, con efectos a partir del día siguiente del deceso. Por dicha razón, para la FGR, este trámite se habría realizado de manera indebida.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, aseguró que María Amparo Casar habría causado un daño patrimonial estimado en 31 millones de pesos, tras recibir mensualmente alrededor de 125 mil pesos durante años.
¿Cómo va la investigación contra María Amparo Casar?
Ante esto, Documentos del Poder Judicial de la Federación confirman que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a María Amparo Casar y a dos personas más por su probable participación en el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
Dicho ilícito puede aplicarse tanto a servidores públicos que otorguen beneficios económicos indebidos como a particulares que los soliciten o promuevan. Este delito contempla penas de seis meses a doce años de prisión y multas de 30 a 150 días; sin embargo, no es considerado grave, por lo que, incluso en caso de vinculación a proceso, los señalados podrían continuar su defensa en libertad.
Según se sabe, la audiencia está programada para el 16 de diciembre, fecha en la que el Ministerio Público presentará formalmente las imputaciones. Ante la suspensión de la pensión ordenada por Pemex en febrero de 2024, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo; en respuesta, un juzgado federal ordenó a la petrolera restituir el pago mientras se resuelve el fondo del asunto.
