El ministro Arístides Guerrero García propondrá el próximo lunes 12 de enero validar la reforma impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador que derivó en el decreto del 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos federales, entre ellos el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Con esta medida, el Gobierno accedió a más de 68 mil millones de pesos que fueron reorientados para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La propuesta del ministro se presentará a través de siete proyectos de resolución que buscan cerrar controversias constitucionales promovidas hace cinco años por gobiernos estatales de oposición, poco después de la promulgación del decreto. Las impugnaciones fueron interpuestas por los entonces gobernadores.
En sus demandas, los gobiernos locales cuestionaron distintos aspectos de la desaparición de los fideicomisos y argumentaron afectaciones derivadas de la eliminación de fondos específicos; sin embargo, coincidieron en un punto central, es decir, que la medida vulneraba el pacto federal y menoscababa la autonomía financiera de las entidades federativas.
Uno de los casos más amplios fue el del entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien impugnó la extinción de siete instrumentos financieros, entre ellos el Fonden, el Fondo Metropolitano, el Fondo para el Cambio Climático y el Fondo Mixto de Investigación Científica del Conacyt.
Ante esto, Enrique Alfaro Ramírez sostuvo que la eliminación de estos mecanismos afectaba áreas estratégicas como protección civil, medio ambiente, ciencia y tecnología, así como la atención a víctimas y la protección de periodistas.
En general, los mandatarios estatales señalaron que la desaparición de los fideicomisos sustituyó reglas claras de asignación de recursos federales por un esquema discrecional del Ejecutivo, además de invadir ámbitos de competencia concurrente entre la Federación y los estados.
Ministro va por eliminación de 109 fideicomisos
Contrario a todo esto, los proyectos elaborados por el ministro Arístides Guerrero concluyen que las controversias son infundadas. De acuerdo con su análisis, la extinción de los fideicomisos no implica subordinación ni intromisión en las competencias locales, ya que únicamente modifica los mecanismos de colaboración financiera entre la Federación y las entidades federativas.
Los proyectos también reconocen la facultad del gobierno federal para reorganizar sus herramientas de gasto público y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos. En el caso específico de la controversia promovida por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el ministro sostiene que los argumentos presentados fueron genéricos y no demostraron una afectación directa a las atribuciones constitucionales del estado.
De esta manera, el proyecto subraya que su modificación no impide que los estados continúen ejerciendo las atribuciones que les confiere la Constitución.
“La ausencia de afectación a las facultades de las entidades federativas radica en que los fondos y fideicomisos son mecanismos de colaboración”.
