Culiacán, Sin. (RI Noticias).- En el marco de la comparecencia del secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, ante el Congreso del Estado de Sinaloa, la fracción parlamentaria del PRI lanzó una crítica por el estado de la infraestructura en la entidad. La diputada Paola Gárate Valenzuela, en representación de su bancada, denunció que la dependencia ha entregado resultados deficientes que vulneran la dignidad y seguridad de los sinaloenses
El señalamiento enfatizó que la lentitud en la ejecución no es solo un problema administrativo, sino un incumplimiento que lastima especialmente a comunidades incomunicadas y a familias desplazadas por la violencia que aún esperan servicios básicos.
Por su parte, el secretario Montero Zamudio defendió su gestión informando una inversión de 5 mil 123 millones de pesos en 623 obras distribuidas en los 20 municipios del estado. En su discurso, destacó la rehabilitación de 86 kilómetros de carreteras, la construcción de plantas potabilizadoras y proyectos de pavimentación con sentido social bajo el Plan Sinaloa.
Ante los cuestionamientos del PRI, el funcionario sostuvo que la secretaría mantiene una supervisión constante y negó tener reportes de fallas técnicas o mala calidad en los tramos señalados, asegurando que los procesos de licitación son transparentes y consultables.
Por su parte, la diputada acotó lo siguiente: “Y en el sur del estado se repite el mismo patrón: retraso, lentitud y sobre todo mala calidad, en perjuicio de quienes ya vivieron lo peor y merecen una respuesta prioritaria, no una agenda postergada como es la que tienen hoy. Hay obras del año pasado que siguen sin terminarse, y estos no son detallitos técnicos, es un incumplimiento que lastima”.
La legisladora concluyó su réplica advirtiendo sobre una posible opacidad en las adjudicaciones directas y la concentración de contratos, exigiendo calendarios claros y penalizaciones para las empresas que incumplen. En contraste, el titular de Obras Públicas cerró su intervención reiterando que la información de los contratos es pública y que la infraestructura entregada cumple con los estándares legales.
