Ciudad de México (RI Noticias).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que las ministras y ministros que la conforman acordaron no hacer uso de las camionetas blindadas que fueron adquiridas recientemente, además de que solicitarán su devolución.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución”, indicó el órgano de justicia por medio de un breve comunicado.
En su mensaje, la Corte también señaló que se contempla la opción de que dichos vehículos sean puestos a disposición de “personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”.
La SCJN también reiteró su compromiso de hacer un uso “eficiente y responsable” de los recursos públicos, además de que trabajará para “lograr una justicia real y verdadera”.
Por último, informó que este lunes 26 de enero se llevará a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones del máximo tribunal de justicia, con el objetivo de dar más detalles sobre el tema.
Camionetas fueron adquiridas para protección de ministros
Fue el pasado 22 de enero cuando la Suprema Coste de Justicia de la Nación informó sobre la renovación de vehículos oficiales para ministras y ministros, bajo la premisa de que estos se usarían para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional”.
En total, fueron adquiridas nueve camionetas blindadas tipo Jeep que, de acuerdo con un comunicado oficial, sustituirán una flotilla que ya no garantizaba la seguridad de las y los ministros.
De acuerdo con la SCJN, “esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”.
La Corte apuntó que dicha compra se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.
“Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”, precisó la institución.
