Mazatlán, Sin. (RI Noticias). – La revictimización de los ciudadanos que han sufrido el despojo violento de sus unidades es evidente cuando las autoridades condicionan la devolución al pago de altos costos por pensiones municipales y el cumplimiento de impuestos pendientes. Señaló en exclusiva para RI Noticias, Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C.
Añadió, que resulta contradictorio que, tras ser víctimas de un ilícito, los propietarios deban enfrentar un viacrucis burocrático y económico para recuperar su patrimonio, por lo que se exige que el ayuntamiento o el gobierno estatal exoneren estos cobros atendiendo al estado de vulnerabilidad de los afectados.
“Esto es un atropello flagrante a tus derechos humanos y al derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque el estado está obligado a salvaguardar este derecho, y más aún, cuando fuiste violentado, sabedor de un ilícito, que te pudieran, en este caso, exonerar de este de este pago cuando se trata de la devolución de este de este de este derecho, de esta propiedad (…).¿Qué solicita el Colegio de Abogados? Que respete el Estado el derecho a la propiedad”.
Jurídicamente, el especialista detalló que se están vulnerando los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Mexicana. Resaltó especialmente el artículo 17, el cual garantiza una justicia pronta y expedita, una obligación que no está sujeta a la voluntad de funcionarios o regidores, sino que es de observancia general. Explicó que, ante la negativa de las autoridades de devolver el vehículo sin realizar estos cobros indebidos, la vía legal más efectiva es la tramitación de un amparo para la evolución inmediata de la propiedad.
Finalmente, Morales Acuña hizo un llamado a las autoridades competentes para que se detenga esta práctica recaudatoria sobre las víctimas de robo. Reclamó que el Estado debe cumplir con su función de garantizar el goce de los bienes de los ciudadanos sin condicionamientos.
