Consejeros del Instituto Nacional Electoral responsabilizaron a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, por las irregularidades detectadas en contratos administrativos que derivaron en la pérdida de 672 millones de pesos en 2025 por la impresión de 521 millones de boletas que no se utilizaron.
La información se desprende de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de declaraciones públicas de consejeros electorales.
De acuerdo con los consejeros, la Presidencia del Instituto tiene facultades exclusivas en materia administrativa, lo que incluye nombramientos en áreas clave, revisión de contratos y decisiones sobre adjudicaciones.
¿Qué irregularidades detectó la Auditoría Superior de la Federación?
La ASF exhibió irregularidades en diversos contratos del INE relacionados con la producción de material electoral.
Entre los hallazgos se encuentra:
- La impresión de 521 millones de boletas que no fueron utilizadas.
- Un gasto que, según las observaciones, ascendió a 672 millones de pesos.
- Posibles fallas en la planeación y en la administración de contratos.
Estas observaciones corresponden a revisiones del ejercicio presupuestal del Instituto y forman parte de auditorías de fiscalización a recursos públicos federales.
¿Por qué señalan a la presidenta del INE?
Consejeros electorales afirmaron que la responsabilidad administrativa recae en la Presidencia del Instituto.
El consejero Martín Faz sostuvo:
Absoluta responsabilidad de la presidenta. Totalmente. Ahí (en la Presidencia) está la parte administrativa, y, sobre todo, esta última decisión que hizo, el nombramiento (de Octavio García, quien pasó de proveedor a administrar los recursos del INE)”.
Explicó que la Presidencia concentra la estructura administrativa, desde el nombramiento de titulares en áreas clave hasta la revisión de contratos y adjudicaciones directas.
¿Qué dicen otros consejeros?
La consejera Dania Ravel coincidió en que la responsabilidad de supervisar que no existan anomalías corresponde a la Junta General Ejecutiva, encabezada por la presidenta del INE.
Al ser cuestionada sobre si la titular del organismo es responsable de lo que ocurra en esa área, respondió:
Sí, porque es quien asume esa responsabilidad, al hacer esa designación, no fue el Consejo General”.
Ravel puso como ejemplo el nombramiento del actual director de Administración, quien fue designado directamente por la Presidencia del Instituto.
¿Qué facultades tiene la Presidencia del INE en lo administrativo?
De acuerdo con la normativa interna del Instituto, la Presidencia tiene atribuciones clave en el ámbito administrativo:
- Nombrar a titulares de áreas administrativas.
- Supervisar la Dirección de Administración.
- Revisar la evolución de contratos.
- Autorizar adjudicaciones directas.
Estas facultades son distintas a las del Consejo General, que se enfoca en decisiones electorales y normativas.
¿Qué implica el gasto en boletas no utilizadas?
El gasto observado por la ASF abre cuestionamientos sobre:
- Planeación de materiales electorales.
- Eficiencia en el uso de recursos públicos.
- Controles administrativos internos.
También podría derivar en revisiones administrativas o aclaraciones formales por parte del Instituto ante las autoridades fiscalizadoras.
¿Cuál es el contexto del INE y sus auditorías?
El INE es un organismo autónomo responsable de organizar elecciones federales y locales en México. Su presupuesto es auditado de forma periódica por la Auditoría Superior de la Federación.
Las observaciones de la ASF no implican automáticamente sanciones, pero sí obligan al organismo auditado a:
- Aclarar el uso de los recursos.
- Justificar decisiones administrativas.
- Corregir procesos en caso de irregularidades.
El seguimiento a estas observaciones se realiza en etapas posteriores del proceso de fiscalización.
¿Qué sigue en este caso?
El Instituto deberá responder a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, presentar aclaraciones sobre la planeación de boletas y la administración de contratos.
Mientras tanto, las declaraciones de consejeros evidencian tensiones internas en el órgano electoral respecto a la conducción administrativa y la responsabilidad sobre el manejo de recursos públicos.
