Con el Tren Maya, obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio, determinó el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
“El veredicto del Tribunal destaca la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado mexicano”, reflejó el informe.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales.
En su veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
El Tren Maya, que se inaugurará en diciembre, ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción por las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, repleto de humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, y del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.
La obra contempla 1.554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las principales afectaciones reflejadas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación -hasta 10 millones de árboles talados-, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes.
Respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.
El Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El Tribunal entregará el veredicto a López Obrador e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
