El financiamiento público a los partidos políticos en México casi se duplicó en los últimos catorce años, en medio de cuestionamientos por gastos inflados, estructuras burocráticas costosas y esquemas de desvío documentados. Frente a este panorama, la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo plantea una reducción de dinero y el fortalecimiento de mecanismos de fiscalización.
Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2012 los partidos recibieron más de 4 mil 292 millones de pesos; para 2026, el financiamiento aprobado supera los 7 mil 737 millones. En años de elección federal, la cifra se eleva aún más: en 2018 ascendió a 6 mil 788 millones y en 2024 rebasó los 10 mil 444 millones.
Por ello, la iniciativa, que será presentada este lunes, propone una reducción de un 25 por ciento al costo de las elecciones, incluyendo el presupuesto del INE, partidos políticos, organismos públicos locales y tribunales electorales.
Partidos políticos duplican su presupuesto en 14 años
Dicho incremento del financiamiento ha ocurrido bajo dirigencias que, durante décadas, han mantenido estructuras amplias y onerosas. Especialistas como Héctor Manuel Villarreal Beltrán, investigador de la UAM Xochimilco, consideran “razonable” un recorte tanto en gastos de campaña como en operación ordinaria.
Parte importante del presupuesto se destina al sostenimiento de comités nacionales, estatales y municipales, así como al pago de nóminas, arrendamientos y adquisición de inmuebles. En algunos casos, la información sobre salarios no está disponible en portales oficiales, pese a que la ley obliga a transparentarla.
En el Partido Acción Nacional (PAN), por ejemplo, el dirigente Jorge Romero Herrera reporta una remuneración mensual superior a 187 mil pesos. En tanto, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas ha encabezado el partido desde 2019, acumulando ingresos como dirigente y legislador.
Fiscalización pondría fin a desvío de partidos políticos
Por si lo anterior no fuera suficiente, investigaciones periodísticas han documentado presuntos esquemas de desvío mediante asesorías, cursos simulados y contrataciones a sobreprecio. El PAN se gastaron 43 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para su estrategia de “relanzamiento”, que incluyó eventos masivos, propaganda y campañas digitales, aunque el aumento de afiliaciones fue marginal.
Del lado del PRI, se han reportado pagos millonarios por asesorías externas y edición de libros cuya existencia física no pudo comprobarse, así como un presunto desvío de 32 millones destinados a capacitación política de mujeres mediante cursos en línea simulados.
Ante esto, la reforma electoral también contempla reforzar la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ampliar la contraloría ciudadana, por lo que la clave será obligar a los partidos a publicar de forma clara y accesible el destino de cada peso recibido, de modo que la ciudadanía pueda exigir cuentas y evitar que el financiamiento se convierta en un mecanismo de discrecionalidad y derroche.
