Violencia digital, acoso, violencia ácida o violencia económica, son algunos de los delitos que recientemente, gracias a la lucha de muchas mujeres, han sido tipificados y sancionados.
Antes de ello, las mujeres víctimas de alguna de estas agresiones, no podían emprender acciones legales porque no había un delito qué castigar. No existía en el Código Penal pero sí en sus vidas.
Sus casos quedaban en la impunidad debido a un vacío legal que impedía reconocer la violencia de género. Esa es una realidad que, de a poco, ha ido cambiando.
En los últimos años, se han aprobado leyes a partir de casos de mujeres que fueron víctimas de agresiones o, desafortunadamente, de feminicidios.
Si bien surgieron a partir de una historia específica de violencia, su promulgación ha ayudado a proteger a cientos de mujeres en todo el país.
Ley Valeria
El acecho o stalking ya es un delito en México gracias a la reciente aprobación de la Ley Valeria. Ahora puede sancionarse cualquier conducta reiterada de seguimiento, vigilancia o intimidación, con penas de 1 a 4 años de prisión y hasta 400 días de multa.
El acoso es una práctica conocida y desafortunadamente común, sin embargo, en México no estaba contemplado en el Código Penal.
La activista Valeria Macías, originaria de Nuevo León, fue víctima de acoso durante cinco años sin que las autoridades pudieran hacer algo debido a la ausencia de delito. Aunque intentara denunciar, no había ningún delito que se adecuara a su caso. Fue entonces que en alianza con la organización Nosotras para Ellas, buscó tipificar el delito de acoso.
Ley Olimpia
Es una de las leyes más trascendentes en el país, recientemente se anunció el estreno del documental “Llamarse Olimpia”, que relata la historia de la mujer que impulsó esta ley.
En 2014, Olimpia Coral Melo fue víctima de violencia digital cuando videos íntimos fueron publicados en redes sociales sin su consentimiento. En aquel momento, no había forma de castigar algo que ni siquiera era considerado un delito.
La ley Olimpia reconoce y sanciona la violencia digital y la violación a la intimidad sexual (a través de difusión de contenido íntimo sin consentimiento) con una pena de 3 a 6 años de prisión. Gracias a ella, ahora existe un marco legal que protege a las mujeres que viven su libertad sexual con el derecho que les corresponde.
Ley Malena
Esta ley tipifica la violencia ácida como un delito, es decir, aquella persona que ataque con ácido tendrá una pena que puede alcanzar hasta los 15 años de prisión.
Su nombre se debe a María Elena Ríos Ortiz, una activista, saxofonista y víctima de ataque con ácido, quien convirtió su dolor en una lucha por sancionar en todo el país a quien realice este ataque, considerado como una forma extrema de violencia de género.
Desde 2019 cuando fue atacada, María Elena se dedicó a buscar la creación de mecanismos que impidan que otras mujeres vuelvan a ser víctimas de violencia y que su caso no quede impune.
Ley Ingrid
El nombre de esta ley debe su nombre a Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que en 2020 fue víctima de feminicidio y marcó un precedente en la cobertura de casos de víctimas de agresiones.
El caso de Ingrid no solo indignó por su muerte sino también por la forma insensible de cobertura mediática que se le dio, pues circularon en muchos medios de comunicación imágenes explícitas de su feminicidio.
Sin el mínimo respeto por su cuerpo, autoridades que tuvieron acceso al lugar de los hechos, tomaron y difundieron fotografías de Ingrid. Lo que llevó a colectivos y organizaciones civiles a promover esta ley en nombre del respeto que merecía Ingrid.
La ley estipula que se dará una pena de 2 a 6 años de prisión, así como una multa de 500 a mil UMAS a quien difunda, exponga, distribuya, intercambie o filme imágenes o documentos de víctimas de feminicidio u otro tipo de agresión.
Ley Monse
Gracias a esta ley, quedó eliminada del Código Penal la excusa absolutoria, es decir, la protección que se le brindaba a familiares, amigos o cercanos que encubren un delito por tener un parentesco con el presunto agresor. La pena por este delito es de 2 a 10 años de prisión a estos encubridores.
Surgió luego de que en 2021, Monserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, fuera víctima de feminicidio por Marlon Botas. Él la golpeó brutalmente, dejándola inconsciente. Luego llamó a sus padres, quienes llevaron a Monserrat al hospital y la abandonaron ahí, presuntamente ayudando a escapar a su hijo.
Si bien los padres fueron detenidos por este hecho, posteriormente fueron puestos en libertad.
Ley Sabina
Esta ley marcó un precedente en la historia de las mujeres que son madres autónomas. Se promulgó en 2023 gracias a la lucha emprendida por Diana Luz Vázquez Ruíz, quien peleó durante mucho tiempo la pensión alimenticia que le correspondía a su hija, Sabina.
La ley busca combatir la violencia económica que sufren muchas madres autónomas. Además, logró la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, un mecanismo diseñado para hacer públicos los datos de las personas que incumplan sus responsabilidades económicas.
Son múltiples los esfuerzos que colectivas, organizaciones civiles y mujeres activistas han realizado para eliminar los vacíos legales que han mantenido en la impunidad muchos casos de violencia de género, sin embargo, ha habido un avance considerable en la búsqueda incansable de justicia.
