Culiacán, Sin. (RI Noticias).- El Congreso del Estado de Sinaloa turnó a segunda lectura la iniciativa de ley que busca eximir de pagos estatales y fiscales a las víctimas de robo de vehículo cuyas unidades sean recuperadas por las autoridades. La propuesta, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXV Legislatura, plantea reformar la Ley de Hacienda y el Código Penal del Estado para evitar que los ciudadanos enfrenten costos excesivos por conceptos de arrastre, almacenamiento y reposición de documentos oficiales.
Los diputados promoventes, Paola Gárate Valenzuela, Bernardino Antelo Esper e Irma Guadalupe Moreno Valle, señalaron que actualmente las víctimas sufren una revictimización económica al tener que pagar entre 2 mil y 5 mil pesos para recuperar su patrimonio.
De acuerdo con los datos expuestos, el robo de vehículos en la entidad ha mostrado un incremento alarmante, pasando de 1,400 casos en el primer semestre de 2024 a aproximadamente 3,600 incidentes en el mismo periodo de 2025, lo que hace urgente actualizar el marco normativo.
“La presente iniciativa introduce modificaciones a dos ordenamientos jurídicos la ley desciende el estado dado y el código penal para los de Sinaloa a fin de garantizar la exención de pagos institucionales a víctimas del delito robo de vehículos”. Con esta medida, se busca que la exención sea considerada como una parte integral de la reparación del daño, eliminando las barreras administrativas que contravienen los principios de justicia y dignidad para quienes ya han sufrido una afectación patrimonial.
Tras la lectura del proyecto de decreto por parte de la diputada Monserrat López, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó el turno para la segunda lectura de ley conforme a la Ley Orgánica del Congreso. De ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, prohibiendo cualquier cobro por los derechos mencionados una vez que la víctima acredite la relación directa entre el trámite y el hecho delictivo ante las autoridades correspondientes.
