En medio de la agenda legislativa de 2026, el grupo parlamentario de Morena ha colocado como una de sus prioridades centrales garantizar que los encuentros deportivos de las selecciones nacionales no sean exclusivos de servicios de paga.
El diputado Guillermo Rendón presentó una iniciativa que busca elevar la transmisión de deportes a nivel de derecho social, argumentando que la población no debe ser “restringida” por el costo de las plataformas digitales.
Según las estadísticas presentadas por el legislador, el 90.4% de la población mexicana cuenta con televisores, pero solo tres de cada diez ciudadanos tienen la capacidad económica para pagar un servicio de streaming. Bajo esta premisa, Rendón sostuvo que ver a los equipos nacionales de fútbol, béisbol y voleibol debe ser considerado un derecho que el Estado debe representar y proteger desde la Cámara de Diputados.

La propuesta surge ante la tendencia de empresas extranjeras de adquirir derechos exclusivos para internet. El diputado enfatizó que la intención es influir en los contratos privados para que estos se vean obligados a ceder la señal a la televisión abierta, asegurando que el deporte nacional es un elemento de identidad que no debe quedar tras un muro de pago.
Las prioridades de Morena: Artículo 224 Bis y el “Interés Público” del deporte
El documento presentado por la bancada de Morena propone una adición específica a la ley para homologar a México con “mejores prácticas internacionales”.
- Artículo 224 Bis.- Con el objeto de fortalecer la identidad nacional, la cohesión social y el derecho al esparcimiento, la transmisión de encuentros deportivos donde participen las Selecciones Nacionales de cualquier disciplina, se consideran de interés público y social.
- Los titulares de derechos de transmisión extranjeros, que operen mediante plataformas digitales, deberán garantizar que dichos encuentros sean transmitidos en directo a través de televisión abierta con cobertura nacional.
- Dichos titulares que adquieran exclusividad para el territorio mexicano deberán celebrar convenios de sublicenciamiento con concesionarios de televisión abierta de uso comercial o público.
- Estos acuerdos deberán pactarse bajo condiciones de mercado justas y no discriminatorias.

La iniciativa establece que, en caso de no alcanzar un acuerdo comercial, la prioridad será siempre garantizar que el contenido llegue de forma gratuita a los hogares, colocando la cohesión social por encima de los modelos de negocio de las empresas tecnológicas extranjeras.



