México y Estados Unidos acaban de anunciar, en el marco del T-MEC, una serie de acciones conjuntas para endurecer la observancia penal en materia de propiedad intelectual. En otras palabras, van a perseguir con más fuerza la piratería, las marcas falsificadas y todo lo que viole los derechos de autor a nivel comercial.
Cada año, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publica el llamado Reporte Especial 301, una lista donde señala a los países que, en su opinión, no protegen suficientemente la propiedad intelectual. México aparece en ese reporte con frecuencia.
Este acuerdo es, en parte, una respuesta a esa presión. Y llega en un momento clave: las negociaciones para la revisión del T-MEC están sobre la mesa, y Estados Unidos sabe perfectamente cuándo apretar.

Lo que acordaron: dos medidas concretas
La Secretaría de Economía y la USTR no se quedaron en buenas intenciones. Anunciaron dos acciones específicas:
La primera es la creación de un grupo de trabajo bilateral, presidido por ambas secretarías y con participación de todas las autoridades de aplicación de la ley de cada país. Su objetivo: aumentar las investigaciones penales, mejorar las técnicas de persecución de delitos y lograr más procesos judiciales exitosos que realmente disuadan a quienes lucran con la violación de derechos de propiedad intelectual.
La segunda es una mesa redonda entre titulares de derechos —empresas, creadores, marcas— y las autoridades competentes. La idea es que quienes son víctimas de piratería o falsificación puedan plantear sus casos directamente ante el gobierno mexicano y activar el proceso de remisión para sanción penal. Menos burocracia, más resultados.

¿Qué significa esto para la vida cotidiana?
Que el enfoque ya no será solo administrativo o de multas: será penal. Quien fabrique, distribuya o comercialice productos que violen derechos de autor o marcas registradas a escala se enfrenta a investigaciones criminales, no solo a sanciones económicas.
Para las empresas mexicanas y extranjeras que operan en el país, la señal es clara: México está bajo observación y este acuerdo es una apuesta por demostrar que puede cumplir con los estándares del T-MEC antes de que llegue la revisión formal del tratado.
El contexto que nadie dice, pero todos entienden
Este comunicado no es un trámite burocrático. Sale el 23 de marzo de 2026, en plena temporada de negociaciones sobre el T-MEC, y firmado por la Secretaría de Economía. El mensaje entre líneas es que México está dispuesto a ceder en temas sensibles —como la persecución penal de la piratería— a cambio de mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.
Propiedad intelectual, seguridad jurídica para inversores y cumplimiento de tratados comerciales van de la mano. Y cuando el socio comercial más grande del mundo te pone en su lista de observación anual, más vale moverse rápido.



