En entrevista, Virginia Garay Cazares, presidenta y fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C., aclaró la postura de los colectivos de buscadoras respecto a la cifra oficial de personas desaparecidas en el país.
Garay Cazares enfatizó que no se trata de un rechazo a los más de 130,000 registros, sino de una profunda preocupación por la falta de información completa en un alto porcentaje de estos casos, al tiempo que reconoció avances propuestos por la doctora Claudia Sheinbaum.
La activista subrayó que la cifra global de personas desaparecidas se mantiene en más de 130,000, pero el problema radica en la calidad de los registros. Explicó que una gran parte de estos expedientes carece de datos esenciales como nombres completos o la Clave Única de Registro de Población (CURP), lo que impide una búsqueda efectiva.
“No es rechazo ante las cifras, puesto que la cifra no está cambiando, siguen siendo los más de 130,000 personas desaparecidas. Lo que nos indicaron en este conteo, en lo que pasó el registro, es que de estas más de 130,000 personas desaparecidas hay un gran porcentaje que no tiene los datos completos de ellos.”
Garay Cazares calificó la situación como una “negligencia total” por parte de los ministerios públicos en administraciones anteriores, quienes no capturaron ni actualizaron la información adecuadamente, afectando gravemente las posibilidades de localización.
Avances Propuestos y Desafíos Pendientes
La representante de los colectivos destacó dos puntos favorables mencionados por la doctora Claudia Sheinbaum: la obligación de las fiscalías de abrir carpetas de investigación y la implementación de una alerta nacional de búsqueda. Estas medidas son cruciales para garantizar una investigación y localización efectiva.
“Esto es otra cosa a favor de las familias, porque si no existen carpetas de investigación las fiscalías no van a buscar, no van a investigar. Únicamente estaban levantando un reporte de hechos y los reportes de hechos no obligan a fiscalía a buscar.”
La alerta nacional agilizará la difusión de las desapariciones, eliminando la necesidad de solicitudes de colaboración entre estados. Sin embargo, Virginia Garay Cazares señaló que las fiscalías enfrentan una grave escasez de personal, recursos y voluntad política, lo que dificulta el seguimiento adecuado de las carpetas. Para que las nuevas medidas sean efectivas, enfatizó la necesidad de que las familias mantengan una estrecha vigilancia sobre las autoridades.
