La reciente presentación de las cifras actualizadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que existen 130 mil personas desaparecidas en el país.
Sin embargo, cuatro días después, la organización civil IDHEAS —que participa activamente en las discusiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) compartió un resumen sobre el último informe (emitido el pasado 16 de marzo de 2026) del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que contrasta fuertemente con la narrativa oficial.
El documento revela que México ocupa el primer lugar a nivel mundial al acumular 819 acciones urgentes por desaparición forzada. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se registraron 40 nuevas solicitudes.
Además, la ONU señala que el Estado mexicano presenta graves deficiencias, destacando la protección insuficiente a familiares y personas buscadoras, así como severas demoras en las diligencias de investigación.
La exigencia de las familias y el Artículo 34
Ante este panorama, a través de un comunicado conjunto, 31 colectivos buscadores solicitaron al CED que los resultados del procedimiento iniciado para aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional sean “emitidos y hechos públicos” a la brevedad posible.
¿En qué consiste este apartado? En octubre de 2025, la ONU activó el artículo 34 para evaluar si en México las desapariciones forzadas ocurren de forma generalizada o sistemática.
Este mecanismo permite al Comité exigir información al Estado mexicano y, de ser necesario, llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
No obstante, el gobierno federal rechazó la activación de este artículo y, a través de su representante, solicitó que la información presentada se mantuviera estrictamente reservada.
Preocupación por la “rasura” de cifras oficiales
De acuerdo con las organizaciones firmantes —entre las que destacan el Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y Hasta Encontrarte Guanajuato—, su solicitud de transparencia a la ONU nace de la profunda preocupación tras el informe de cifras de la presidenta.
Las familias buscadoras acusan que la metodología del gobierno ha implicado la reducción o ‘rasura’ de cifras oficiales, lo que genera “serias dudas sobre la transparencia, confiabilidad y finalidad de dicho ejercicio”.
“Estas acciones contribuyen a minimizar la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y a diluir la responsabilidad de las instituciones”, advirtieron los colectivos en su pronunciamiento.
Bajo este contexto, las organizaciones concluyeron que el Estado mexicano no está cumpliendo plenamente con sus obligaciones internacionales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas.
Por el contrario, denuncian que las acciones recientes del gobierno apuntan a una alarmante tendencia de negación, opacidad y debilitamiento institucional.
