El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró como histórica la decisión de la ONU de activar el Artículo 34 y solicitar a la Asamblea General su intervención sobre casos de desaparición forzada en México.
Asimismo, lamentó la postura del gobierno de México de rechazar lo dicho por la ONU y acusar que contenía información “tendenciosa”.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”, se lee en un comunicado a través de redes sociales.
Además, destaca que estas acciones del gobierno actual replican las actuaciones previas de administraciones gubernamentales.
“Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”, subrayó en su comunicado el Centro Prodh.
Desapariciones en México tienen indicios de “crímenes de lesa humanidad”: ONU
La decisión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional constituye un giro de máxima alarma en la evaluación internacional sobre las desapariciones forzadas en México.
El organismo sostiene que existen indicios fundados de la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país. Esta medida busca que la Asamblea General de la ONU tome conocimiento formal de la crisis, con el objetivo de movilizar apoyo internacional ante la gravedad, magnitud y sistematicidad de los ataques a la población civil, según informó el medio Infobae.
El Comité CED sostiene que México se enfrenta a ataques con patrones recurrentes en diversas regiones, donde las autoridades —incluso después de implementar respuestas normativas y operativas— continúan desbordadas ante la emergencia.
El informe subraya la ausencia de mejoras sustanciales pese a los esfuerzos recientes del gobierno mexicano. Además, advierte que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del país no logra distinguir con precisión cuántos casos califican formalmente como “desapariciones forzadas”, una carencia que obstaculiza la identificación de la magnitud real del problema, según el análisis realizado por la ONU.
En respuesta a la postura del gobierno de México, que argumentó ante la comunidad internacional que la mayor parte de las desapariciones son obra de grupos delictivos y no del Estado, el Comité de la ONU recurrió a pruebas obtenidas durante su visita al país en 2021, sumando además datos aportados por distintas fuentes independientes.
El propio Comité aclaró que, aunque no encontró evidencia de una política dictada desde el gobierno federal directamente orientada a la desaparición de personas, esta condición no es un requisito para considerar los hechos como crímenes de lesa humanidad bajo el marco del derecho internacional.
