La diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del partido Morena, impulsa una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca garantizar el acceso a la educación en todos los niveles para las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del país.
La propuesta, que ya fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación, plantea reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de Educación. El objetivo principal es que las personas en reclusión, especialmente las mujeres, tengan derecho a recibir educación gratuita desde alfabetización hasta nivel superior, así como capacitación para el trabajo.
De acuerdo con el documento, se propone modificar el artículo 10 y adicionar una nueva fracción para establecer como derecho el acceso a programas educativos completos dentro de los centros de readaptación social. Asimismo, se contempla incluir este beneficio en la Ley General de Educación, con el fin de reforzar el compromiso del Estado en garantizar este derecho.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es brindar herramientas que faciliten la reinserción social. En este sentido, se plantea que las personas privadas de la libertad puedan acceder no solo a educación básica, sino también a estudios de nivel medio superior y superior, además de recibir capacitación laboral que les permita desarrollar habilidades útiles para incorporarse al mercado de trabajo.
La propuesta también contempla la continuidad de estos procesos una vez que las personas obtengan su libertad, ya sea anticipada o definitiva. Para ello, se prevé que los servicios educativos y de inclusión laboral tengan seguimiento, evitando que la formación se interrumpa tras la salida del centro penitenciario.
En la exposición de motivos, la legisladora subraya que la educación es un derecho humano fundamental que no debe suspenderse por la privación de la libertad. Enfatiza que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar una formación integral que vaya más allá de la alfabetización, permitiendo a las personas alcanzar niveles educativos más avanzados.
Además, la iniciativa pone especial atención en la población femenina en reclusión, al señalar que enfrenta condiciones particulares de desigualdad. Históricamente, las opciones educativas y laborales en los centros penitenciarios femeniles han estado limitadas a actividades tradicionales, lo que reduce las oportunidades de desarrollo profesional.
Por ello, la reforma busca romper con estos esquemas, obligando a las autoridades a ofrecer capacitación avanzada y educación superior que permita a las mujeres competir en mejores condiciones en el ámbito laboral una vez que recuperen su libertad.
Finalmente, la diputada destaca que invertir en educación dentro de los centros penitenciarios es una estrategia efectiva para reducir la reincidencia delictiva. Considera que la falta de oportunidades y el rezago educativo son factores que contribuyen a la criminalidad, por lo que garantizar el acceso a la educación puede generar beneficios a largo plazo en materia de seguridad pública.
La iniciativa continúa en análisis legislativo y, de ser aprobada, representaría un avance significativo en el reconocimiento del derecho a la educación para las personas privadas de la libertad en México.
