Tras 14 horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado Plan B de la reforma electoral, que ahora deberá ser analizado por los congresos estatales.
El dictamen del Plan B de la reforma electoral fue aprobado en lo general con 377 votos a favor, provenientes de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 102 en contra del PAN y PRI, sin abstenciones. Posteriormente, en la votación en lo particular, el proyecto recibió 343 sufragios a favor, 124 en contra y una abstención.
Durante la votación de las reservas, Movimiento Ciudadano cambió su postura y votó en contra, tras haber respaldado el dictamen en lo general.
El viraje se produjo en un contexto de fuertes presiones y críticas tanto en tribuna como en redes sociales por parte del PRI y el PAN, que reprocharon a MC por justificar primero su apoyo a la reforma bajo la bandera de la austeridad. Mientras MC difundía comunicados y publicaciones para explicar su voto a favor en lo general, la oposición sostuvo que “no había manera de sostener esa maroma” y les reclamó falta de coherencia, especialmente porque en el Senado la postura de MC había sido de rechazo.
El proyecto impulsado por Claudia Sheinbaum plantea la reducción de costos en ayuntamientos y congresos locales, la prohibición de que consejeros y magistrados electorales perciban una remuneración superior a la de la presidenta de la República, y un recorte progresivo al presupuesto del Senado de 15% en los próximos cuatro años.
Insultos, acusaciones y ambiente tenso en San Lázaro
La discusión en el pleno transcurrió con continuos insultos, descalificaciones y gritos entre legisladores de distintas bancadas. Durante la jornada, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, enfrentó reclamos por rechazar la verificación de quórum solicitada por la oposición.
El ambiente se tensó con acusaciones entre el panista Germán Martínez Cázares y el morenista Leonel Godoy sobre vínculos familiares con el crimen organizado, mientras panistas exigían justicia para Michoacán y mencionaron los asesinatos de figuras como Carlos Manzo en Uruapan.
En el salón, el diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Gil Rullán realizó una protesta simbólica al dejar una cubeta de chapopote frente a la bancada de Morena, a lo que la morenista Paola Tenorio respondió arrojándola a los pies del legislador naranja. Gil Rullán reclamó: “¡Espero que esto sí lo limpien!”. La presidenta López se negó a censurar las expresiones, apelando a la libertad de expresión y responsabilidad de cada legislador.
Las intervenciones en tribuna incluyeron frases como “narcopolíticos”, “paleros” y “traidores”, así como el reclamo del priista Alejandro Domínguez: “Que se dejen de hacer pendej*s y se pongan a gobernar”.
El morenista Francisco Javier Borrego pidió poner orden ante lo que calificó como “mercado público de mentadas de madre”.
La mayoría de las intervenciones se enfocaron en ataques personales, con Morena acusando de corrupción y “vendepatrias” al PRI y PAN.
La diputada Vanessa López cuestionó a quienes se oponen a terminar con los privilegios del viejo régimen, denunció el uso de la democracia como negocio y defendió la reforma como un paso para eliminar excesos y respaldó la Transformación en favor del pueblo.
Por el PRI, Arturo Yáñez advirtió que la reforma no busca ahorrar, sino “asfixiar a los congresos locales y cortarle las piernas a la oposición en los municipios”. Preguntó públicamente: “¿Dónde va a quedar ese supuesto ahorro? ¿En hospitales, en medicinas, en escuelas?”. Además, el PRI señaló que Movimiento Ciudadano “se quitó la máscara” y se convirtió en “el nuevo narcosatélite de Morena”.
También acusó a MC de no tener cuadros jóvenes reales, al incluir a expriistas como Ivonne Ortega, Aurelio Nuño, Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu.
El panista Federico Döring cuestionó la utilidad de un Congreso “más barato” mientras persista la impunidad y la violencia en estados como Sinaloa, Baja California y Jalisco, con señalamientos directos a casos de funcionarios y candidatos relacionados con delitos o corrupción.
En respuesta, el emecista Pablo Vázquez reconoció que la reforma es insuficiente, pero justificó el voto a favor de su bancada para no obstaculizar la reducción de privilegios, argumentando que Movimiento Ciudadano no sería “un obstáculo para combatir el derroche en las instituciones públicas”.
Cambios constitucionales y críticas a la reforma
El dictamen aprobado modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Los ayuntamientos deberán integrarse por un presidente municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, garantizando paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva.
El presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder de 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Consejeros y magistrados electorales, así como titulares de órganos administrativos y ejecutivos del INE y organismos locales, no podrán recibir sueldos superiores al de la presidenta, ni contratar seguros médicos privados ni regímenes de retiro especiales con recursos públicos.
También queda prohibida la contratación de cajas de ahorro especiales y seguros de separación individualizados.
El presupuesto del Senado se ajustará de forma progresiva para alcanzar una reducción de quince por ciento en términos reales en cuatro años. Se espera que los congresos estatales de Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán y Quintana Roo sean los más afectados por los recortes.
Tras su aprobación, la reforma se remitió a los congresos estatales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales para entrar en vigor.
