Tras el rechazo del gobierno de México al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que calificó como “tendencioso”, se abrió un nuevo frente de tensión entre autoridades y organismos internacionales. El gobierno federal argumentó que el documento omitió información correspondiente al periodo 2019–2025, la misma que asegura fue enviada para su análisis.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que, de acuerdo con la definición del organismo internacional, la desaparición forzada implica la participación directa del Estado. Bajo ese criterio, negó que esta práctica ocurra durante su administración.
Frente a esta postura oficial, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han manifestado su inconformidad y preocupación, al considerar que desestimar el informe del CED representa un retroceso en el reconocimiento de la crisis.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) hizo un llamado a la sociedad civil para firmar una petición (en el link: www.change.org/p/exigir-al-gobiernomx-respete-al-comit%C3%A9-contra-la-desaparici%C3%B3n-forzada-onu )en la que exigen al Estado mexicano respetar al Comité de la ONU y colaborar con sus observaciones.
A través de esta iniciativa, difundida en la plataforma Change.org, subrayan:“Exigimos cooperar, no atacar. Escuchar, no negar; implementar, no simular. La desaparición se afronta con acciones contundentes”.
Críticas por posible intervención de la Asamblea General de la ONU
Sheinbaum Pardo también cuestionó la intención del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de movilizar apoyo internacional frente a la gravedad y posible sistematicidad de las desapariciones.
No obstante, Sheinbaum destacó que existe comunicación con la presidencia del Comité, por lo que el diálogo aún se mantiene como una vía abierta.
Por su parte, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) señalaron: “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero rechaza premisas que no reflejan su realidad actual”.
“Negar la crisis es silenciar a las víctimas”
En su posicionamiento, los colectivos advierten que el intento de desacreditar al Comité no es un hecho menor, sino una acción que podría invisibilizar el dolor de miles de familias.
Señalan que, durante años y a través de distintos gobiernos, madres y familiares han buscado a sus seres queridos sin obtener respuestas ni justicia.
“Cuando un Estado niega, minimiza o ataca a quienes buscan la verdad, socava la esperanza de todas las familias que no han dejado de luchar”.
Asimismo, enfatizan que negar la desaparición forzada no es un fenómeno nuevo en México; sin embargo, alertan que ahora también se busca desacreditar a quienes documentan y denuncian esta realidad.
“Hoy no es al Comité a quien atacan: es a las madres, a la verdad y a la posibilidad de un futuro con justicia”. Los colectivos concluyen que reconocer la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.
