Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se vulneró el principio de confidencialidad por parte de Estados Unidos al hacer pública la acusación en su contra y de otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante la conferencia matutina del 4 de mayo, la funcionaria explicó que este tipo de procedimientos deben apegarse al debido proceso y a la presunción de inocencia.
“Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requiriente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”, señaló.
Alcalde subrayó que esta disposición está contemplada en la normativa internacional.
“Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 8. En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, indicó.
Asimismo, sostuvo que el gobierno estadounidense no presentó pruebas suficientes para solicitar la detención provisional de Rocha Moya y otros implicados.
“Dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte esos elementos para poderlo presentar entonces sí ante un juez”, explicó.
En ese sentido, precisó que será un juez quien determine la procedencia de cualquier acción legal.
“¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios”, afirmó.
Cabe señalar que, además de Rocha Moya, entre los señalados por la justicia estadounidense se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, así como otros exfuncionarios y mandos de seguridad.
