Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó durante un evento en Navojoa, Sonora, que aunque es fundamental mantener una relación constructiva con el gobierno de Estados Unidos debido a la vecindad y los tres mil kilómetros de frontera compartida, la soberanía nacional no es un tema sujeto a negociación. Estas palabras surgen como respuesta directa a los recientes señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha cuestionado el control del Estado mexicano sobre su territorio frente al narcotráfico.
El conflicto escaló tras las afirmaciones de Trump, quien aseguró que los cárteles gobiernan México y advirtió que su administración está dispuesta a actuar de manera unilateral si las autoridades mexicanas no cumplen con su labor. El presidente de EE. UU., destacó una supuesta reducción en el tráfico marítimo de drogas mediante operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, señalando que ahora el enfoque se centrará en la fuerza terrestre para combatir a las organizaciones criminales en la región.
La postura de Washington se ha endurecido con la implementación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 y una nueva política antiterrorista que clasifica a los cárteles como organizaciones terroristas. Estos documentos condicionan el apoyo a México a resultados específicos en detenciones y extradiciones, además de autorizar el uso del ejército estadounidense para desmantelar estructuras criminales bajo el argumento de que no permitirán la impunidad de grupos que amenazan su seguridad.
En este contexto de presión diplomática, el sistema judicial estadounidense también ha intensificado las investigaciones contra políticos mexicanos. Recientemente, el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, confirmó que se mantienen procesos abiertos contra funcionarios, incluyendo la acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según las autoridades del país vecino, la cooperación de líderes criminales capturados facilitará nuevas imputaciones contra servidores públicos presuntamente vinculados a grupos delictivos.
