Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La jueza de la Unidad Administrativa, Patricia García Granados, fue señalada de actuar de manera discriminatoria al negar el derecho de registro a hijos de parejas lesbomaternales que no cuentan con un acta de matrimonio, una exigencia que no se aplica a parejas heterosexuales y que violenta el derecho a la identidad de los menores, indicó Virginia Ibarra Rojas, activista y jefa del Departamento de Diversidad y Grupos Vulnerables de la Secretaría de las Mujeres.
Denunció que se han detectado múltiples casos donde se utilizan ambigüedades legales para obstruir el apellido de la madre no gestante, obligando a las familias a realizar procesos de adopción costosos y desgastantes.
“La jueza es la de la unidad administrativa, Patricia Granados. García Granados. Sí, con ella es con quien hemos tenido estas situaciones, hay que decirlo en voz alta, porque sí ha sido nada más aquí en Mazatlán con ella y en repetidas ocasiones y no puede decir que es un tema administrativo”.
La activista explicó que este criterio no se aplica a parejas heterosexuales, a quienes no se les cuestiona su estado civil ni se les exige acreditar un contrato para otorgar la identidad a un menor. Esta exclusión obliga a las madres a recurrir a juicios de adopción costosos para reconocer a sus propios hijos, vulnerando con ello derechos fundamentales como el acceso a la salud y la educación desde el nacimiento.
Finalmente, Ante la reincidencia de estos casos, Ibarra Rojas urgió al Congreso del Estado a descongelar las iniciativas de ley que darían certeza jurídica a las familias homoparentales.
