Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el crimen organizado al ordenar a fiscales federales aplicar leyes antiterrorismo en investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico.
De acuerdo con reportes basados en una investigación de The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a sus fiscalías a reforzar los casos contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos que habrían colaborado con organizaciones criminales, particularmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La medida forma parte de una nueva línea de acción impulsada por la administración estadounidense, que busca incrementar las sanciones contra redes de corrupción vinculadas al narcotráfico, permitiendo que los acusados enfrenten cargos más severos, incluidos delitos asociados al terrorismo.
Según el reporte, la directriz fue presentada en una reunión interna encabezada por Aakash Singh, funcionario del Departamento de Justicia, quien habría pedido aumentar las acusaciones contra servidores públicos mexicanos presuntamente implicados en actividades del crimen organizado.
Esta estrategia se sustenta en una orden ejecutiva previa que clasificó a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, lo que permite a los fiscales estadounidenses imputar delitos como “apoyo material a terrorismo”, además de cargos tradicionales como narcotráfico o lavado de dinero.
Especialistas señalan que esta decisión podría transformar el enfoque de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, al ampliar el alcance legal de las investigaciones.
El endurecimiento de las acciones ocurre en medio de nuevas acusaciones en contra de autoridades mexicanas, incluyendo señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios presuntamente relacionados con redes delictivas.
Analistas advierten que esta política podría generar tensiones diplomáticas entre ambos países, debido al impacto político y judicial que podría alcanzar a figuras de alto nivel en México.
