Érika Sánchez acusa de que durante 2024 y 2025 no se presentó formalmente el Programa Anual de Obra Pública ante Cabildo, situación que calificó como una irregularidad grave.
Culiacán, Sin (RI Noticias).- La regidora priista Erika Sánchez Martínez pidió una auditoría forense al manejo de la obra pública municipal, luego de señalar presuntas irregularidades, falta de transparencia y posibles inconsistencias en el uso de recursos durante los últimos años de la administración.
Sánchez Martínez aseguró que desde el inicio del gobierno han solicitado revisar las finanzas y los proyectos de obra pública, ya que, dijo, no existía un programa oficial que detallara cuánto dinero se invertiría.
“Es una auditoría que hemos solicitado a nosotros desde que lleguemos a esta administración, lo primero es por el tema de nuestros ejercicios, esta ha sido la administración sin lugar a duda más compacta de una historia del municipio, no se cuenta con. Su información particularmente en tema de obra pública no existió un documento que es el programa. Anual de obra pública que debe de estar expuesto en redes sociales en función de transparencia que te indique cuántos recursos se va a invertir en qué se va a invertir y en qué se va a invertir”, dijo.
Explicó que durante 2024 y 2025 no se presentó formalmente el Programa Anual de Obra Pública ante Cabildo, situación que calificó como una irregularidad grave.
Señaló que apenas en 2026 se presentó un documento, luego de una solicitud realizada por ella como regidora.
La funcionaria también cuestionó diferencias en las cifras del presupuesto destinado a obras públicas. Indicó que para este año se habla de una inversión cercana a los 575 millones de pesos, pero el programa aprobado solo contempla alrededor de 223 millones.
Como ejemplo, mencionó gastos realizados en adornos y estructuras decorativas, donde aseguró que además del costo original, se destinaron más de 600 mil pesos adicionales para instalación.
Finalmente, advirtió que estas presuntas irregularidades podrían derivar en sanciones administrativas tanto para funcionarios como para autoridades municipales que no hayan cumplido con la normatividad correspondiente.
