Mazatlán, Sin (RI Noticias).- A un mes de que autoridades de Estados Unidos acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, el caso sigue sin resolverse y permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las acusaciones fueron presentadas el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios y funcionarios sinaloenses, señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, protección a líderes criminales, posesión de armas de uso exclusivo y filtración de información al crimen organizado.
Tras el escándalo, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo el 1 de mayo. Estados Unidos busca su detención provisional con fines de extradición, aunque el gobierno mexicano ha señalado que aún no se han presentado pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.
De acuerdo con el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, las autoridades estadounidenses tienen un plazo de 60 días para entregar documentos y evidencias que justifiquen la captura y el proceso judicial de los acusados.
Mientras tanto, varios de los implicados han comparecido ante la FGR para negar los señalamientos, aunque algunos continúan sin aparecer públicamente. La situación también ha generado controversia por las versiones contradictorias del gobierno federal sobre quién brinda seguridad a Rocha Moya durante su licencia.
Actualmente, el gobierno de Sinaloa está encabezado de manera interina por Yeraldine Bonilla, quien ha expresado confianza en que las investigaciones esclarecerán el caso.
