Mazatlán, Sin. (RI Noticias).-La reciente autorización de 444 mil pesos del erario de Mazatlán para costear el estacionamiento anual de regidores y del Tesorero Municipal ha encendido la indignación de una ciudadanía que lidia diariamente con deficiencias en servicios básicos y falta de apoyo social.
Mientras el ciudadano común debe costear sus propios traslados y enfrentar el caos vial del Centro Histórico, el Gobierno Municipal garantiza con casi medio millón de pesos la comodidad logística de sus funcionarios. Este gasto, aunque se presente como un trámite administrativo, es percibido como un insulto en una ciudad donde las prioridades presupuestarias parecen estar invertidas.
Esta concesión no es un hecho aislado, sino que se suma a una lista de beneficios que incluyen gasolina y asesorías pagadas, consolidando una estructura de ventajas que la mayoría de los regidores se niega a soltar. La crítica social se ha agudizado tras la reciente votación en la que la mayoría de los ediles protegió al Director de Cultura, permitiéndole no comparecer para transparentar los gastos del Carnaval 2026
El contraste más preocupante de este dispendio se refleja en la situación de las colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, quienes deben recurrir al “boteo” en el Malecón para financiar su labor ante la falta de presupuesto gubernamental. Resulta éticamente cuestionable que el municipio destine recursos para que el Tesorero tenga un cajón de estacionamiento a dos cuadras de su oficina, mientras margina a las familias de las víctimas al excluirlas de los apoyos oficiales.
El punto central de esta controversia no es solo la cifra de 444 mil pesos, sino la persistencia de un modelo de gobierno que utiliza el dinero público para sostener la buena vida de una élite burocrática. Esta decisión evidencia la brecha entre los gobernantes y una sociedad que exige que el recurso se destine a infraestructura, seguridad y causas sociales urgentes.
