Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) emitió un comunicado oficial informando sobre el despliegue de 90 efectivos pertenecientes al Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa. El traslado se efectuó a las 15:20 horas de este 3 de junio de 2026, mediante el uso de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual partió de la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.
De acuerdo con el boletín institucional, este movimiento de tropas se realiza en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El objetivo principal es fortalecer el despliegue operativo que actualmente mantiene la 9/a. Zona Militar en la entidad federativa, sumando capacidades tácticas a las labores de vigilancia y control que ya se ejecutan en los diversos municipios del estado.
La autoridad militar detalló que estos efectivos contribuirán directamente a las acciones que realizan de manera conjunta el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. La finalidad de esta integración es inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, aplicando estrategias de inteligencia y reacción inmediata en las zonas que presentan mayores índices de conflictividad.
La misión encomendada a las unidades de Fuerzas Especiales incluye actuar en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad. Entre las tareas asignadas se encuentran labores de disuasión, prevención y patrullajes constantes, con el propósito de generar un ambiente de tranquilidad que beneficie directamente a la población sinaloense bajo un esquema de proximidad social.
Finalmente, la SEDENA subrayó que todo el personal desplegado cumplirá con sus funciones apegándose estrictamente a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Asimismo, el comunicado recalca que las operaciones se conducirán respetando en todo momento los derechos humanos, asegurando que el refuerzo de la seguridad pública se realice bajo los principios de legalidad y protección a la ciudadanía.
