Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Durante la entrega de obras de protección en Martínez de la Torre, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente que la justicia de Estados Unidos decida por México o que su gobierno deba atender acusaciones externas sin pruebas.
La mandataria se refirió de este modo a los señalamientos emitidos en abril por el Departamento de Justicia estadounidense contra diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, insistiendo en que cualquier acto de corrupción debe ser procesado exclusivamente por las instituciones mexicanas.
La jefa del Ejecutivo federal respaldó la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien mediante una carta denunció una embestida y el uso de prácticas intervencionistas por parte de Washington bajo el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Sheinbaum coincidió en que el país enfrenta una ofensiva muy fuerte y cuestionó los motivos por los cuales se pretende que México acepte dictámenes extranjeros, especialmente cuando las agencias estadounidenses no han presentado elementos probatorios que sustenten sus señalamientos.
Como parte de esta misma postura de soberanía nacional, Sheinbaum exigió formalmente al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que mantenga el respeto hacia los asuntos internos del país. El pronunciamiento ocurrió luego de que el representante diplomático emitiera un llamado en redes sociales para marginar la discusión política de las estrategias contra el crimen organizado, lo que generó una reacción inmediata de la administración federal para delimitar las funciones y competencias de la diplomacia extranjera.
Finalmente, la presidenta advirtió que tras la difusión de la misiva de López Obrador se ha desatado una campaña tremenda en contra del exmandatario. Reiteró que subordinarse a las decisiones de fuera significaría la anulación práctica del Poder Judicial en México, por lo que turnó cualquier posible investigación a la Fiscalía General de la República para que determine si existen evidencias reales, cerrando el paso a presiones externas que no cuenten con sustento legal dentro del territorio mexicano.
