Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La Bahía de Ohuira, en Topolobampo, es el epicentro de un fuerte conflicto socioambiental por la construcción de una planta de amoniaco de la empresa GPO (filial de Proman). Para quienes desconocen el caso, el rechazo de los pobladores locales y la comunidad indígena mayo-yoreme, agrupados en el colectivo “¡Aquí No!”, no es un capricho sino una defensa por su supervivencia, ya que el complejo industrial pretende edificarse en un Sitio Ramsar (lugares reconocidos mundialmente por su riqueza en biodiversidad y su papel vital en el mantenimiento de los ecosistemas).
El trasfondo de la oposición radica en los severos e irreversibles daños ambientales y sociales que generaría la obra. Los pescadores denuncian que la planta succionará miles de metros cúbicos de agua marina y la devolverá caliente, lo que mataría los manglares y las larvas de camarón, destruyendo el sustento económico de comunidades como Topolobampo, Paredones y El Colorado, aunado al peligro de un desastre mayor ante inundaciones por huracanes.
Frenar definitivamente el proyecto es viable gracias a una sólida estrategia legal y de resistencia civil. Actualmente las obras están paralizadas por bloqueos ciudadanos que impiden el paso de maquinaria pesada importada de Alemania. Asimismo, el movimiento promueve nuevos juicios de amparo ante la justicia federal, argumentando que la consulta de Semarnat fue manipulada al incluir votos de comunidades alejadas que no sufren el riesgo directo de la planta, sumando además presión internacional para retirar el financiamiento europeo.
Por otro lado, la cancelación absoluta es compleja debido a los fuertes intereses económicos y políticos en juego. GPO cuenta con permisos oficiales vigentes y el respaldo del Gobierno de Sinaloa y de organizaciones agrícolas, quienes consideran la planta estratégica para el suministro de fertilizantes. Con una inversión millonaria ya ejecutada y componentes físicos en el puerto, la empresa se resiste a retirarse; el futuro de la bahía dependerá de si los tribunales otorgan un amparo definitivo o si el Estado usa la fuerza pública para reactivar la obra
