Mazatlán, Sin (RI Noticias).- Integrantes del colectivo “¡Aquí No! Salvemos Topolobampo” presentaron este miércoles una denuncia popular ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para exigir la cancelación del proyecto de la planta de amoniaco que se construye en la bahía de Ohuira, en las inmediaciones de Topolobampo.
Los manifestantes acudieron a las oficinas de la dependencia federal en Mazatlán, donde realizaron un plantón para solicitar la intervención de las autoridades ambientales y frenar las obras de la planta, al considerar que representan una amenaza para el ecosistema de la región.
Minutos antes de entregar dicha denuncia, el biólogo Jaime Renal elevó la voz para mencionar que llegaran hasta las últimas instancias con el movimiento; esto pese a que existen documentos y estudios que avalan que la construcción de esa planta no es benéfica y que no desistirán confiando en su fuerza política, así como el respaldo de varios organismos a lo largo de México y el mundo.
“Confiamos en nuestra fuerza política, en la demanda política, en el movimiento político, en la solidaridad de la gente de otras ciudades del país y del extranjero, porque ya ha habido manifestaciones en Nueva York, en Berlín y van a crecer cada vez más; este movimiento a partir del 2, 3 de junio para pasado ‘explotó’ hacia arriba”, dijo.
De acuerdo con el colectivo, la instalación de la industria tendría impactos sobre aproximadamente 22 mil 500 hectáreas de manglares, lo que, señalaron, provocaría consecuencias severas para la biodiversidad de la bahía de Ohuira, la vida acuática y miles de familias que dependen de la pesca y otras actividades relacionadas con los recursos naturales de la zona.
El Dato
La oposición al proyecto ha sido respaldada en diversas ocasiones por la Red Mexicana de Afectados por la Minería, organización que ha expresado su solidaridad con los pueblos mayo-yoreme y con los integrantes del colectivo que mantienen acciones de protesta en las inmediaciones de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, responsable del desarrollo de la obra.
La REMA ha solicitado al Gobierno Federal revocar la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto y aplicar sanciones por los presuntos daños ecológicos generados durante su construcción. Según la organización, parte del manglar de la zona ya ha sido afectado, situación que, afirman, contraviene disposiciones de la NOM-022-SEMARNAT-2003, la Ley General de Vida Silvestre y los compromisos derivados de la declaratoria de humedal de importancia internacional bajo la categoría de sitio Ramsar.
Asimismo, la red ambientalista sostiene que las afectaciones también alcanzan a las comunidades pesqueras de la región, debido a los posibles impactos sobre los recursos marinos y los ecosistemas que sustentan esta actividad económica.
