Culiacán, Sin. || (Ri. Noticias).- La solicitud de una pensión anticipada superior a los 67 mil pesos mensuales para Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha generado controversia luego de que el trámite llegara al Congreso del Estado para su análisis.
Contreras Núñez ocupó la titularidad de la PDI entre noviembre de 2022 y febrero de 2026, culminando una trayectoria de más de dos décadas dentro de las áreas de investigación criminal de la entonces Procuraduría General de Justicia y posteriormente de la Fiscalía estatal.
De acuerdo con su historial profesional, estudió Criminalística en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública e ingresó a la institución en 2003. Durante su carrera se desempeñó como perito, agente investigador y colaboró en áreas especializadas en homicidios, robo de vehículos, robo bancario y combate al secuestro. Antes de asumir la dirección de la PDI, encabezó la Unidad Especializada Antisecuestros de Sinaloa.
Sin embargo, su nombre adquirió notoriedad nacional e internacional tras ser mencionado en documentos judiciales de Estados Unidos relacionados con investigaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios sinaloenses y la facción criminal conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Según las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, Contreras Núñez, identificado en algunos reportes con el alias de “El Cholo”, habría recibido sobornos y brindado protección a integrantes de dicha organización criminal. Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de investigaciones en curso y no representan una sentencia condenatoria ni una resolución judicial definitiva en su contra.
La solicitud de pensión ha provocado cuestionamientos en distintos sectores debido a que el exmando policial busca acceder al beneficio económico mientras persisten las controversias y los señalamientos sobre su desempeño al frente de la Policía de Investigación.
El Congreso de Sinaloa deberá revisar y resolver la petición, en medio de un debate público sobre la conveniencia de otorgar prestaciones de retiro a exfuncionarios que enfrentan investigaciones o acusaciones de alto impacto, aunque estas aún no hayan sido resueltas por las autoridades competentes.
