CDMX. (RI Noticias).- El debate sobre la desigualdad fiscal en México se intensificó luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara, por seis votos contra tres, un proyecto que buscaba obligar a los beneficiarios de trabajadores fallecidos a pagar el Impuesto Sobre la Renta por los recursos heredados de las Afores.
Durante la sesión, la postura mayoritaria, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, calificó como una “injusticia muy fuerte” que se pretenda cobrar impuestos por los “raquíticos recursos” de los fondos de retiro laboral, mientras que en el país las grandes herencias y legados, muchas veces millonarias, permanecen completamente exentas de obligaciones fiscales.
En respuesta a este argumento y a través de un artículo de opinión publicado este domingo, la ministra Lenia Batres Guadarrama coincidió en el panorama de inequidad, pero difirió tajantemente en la solución adoptada por el Pleno, manifestando que el camino correcto es comenzar a cobrar tributos a las sucesiones patrimoniales. Al respecto, la ministra sostuvo: “Yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado. Tanto en este caso como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales”.
Asimismo, la ministra Batres defendió que la SCJN no cuenta con las facultades para extender exenciones fiscales que no estén explícitamente contempladas en la normativa vigente, argumentando que la labor del máximo tribunal del país debe orientarse a propiciar una distribución más equitativa de la riqueza en lugar de fomentar su concentración.
Por su parte, la ministra María Estela Ríos González se sumó al bloque minoritario y advirtió sobre el riesgo de que los juzgadores invadan la esfera del Poder Legislativo bajo el argumento de corregir asimetrías de la ley. Ríos González puntualizó que la definición de la política fiscal es una atribución exclusiva de los legisladores, por lo que instó a los ciudadanos interesados en modificar el marco legal de las herencias y legados a promover dicha reforma por las vías correspondientes, evitando que la Corte actúe más allá de sus competencias constitucionales.
