Mazatlán, Sin (RI Noticias).- El regidor del Ayuntamiento de Mazatlán, Felipe Parada Valdivia, exigió que, además de cumplirse la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa que obliga al Municipio a cubrir un pago millonario, se investigue y sancione a los servidores públicos que con sus decisiones u omisiones ocasionaron el daño al patrimonio municipal.
El edil señaló que el cumplimiento de una resolución judicial no debe traducirse en que los ciudadanos asuman las consecuencias de errores cometidos por administraciones anteriores.
Aunque la resolución judicial es reciente, el origen del caso se remonta a 2018, cuando el Gobierno Municipal ordenó el corte de los servicios de agua potable, drenaje y el cierre de las taquillas del estadio de béisbol de Mazatlán, decisión que derivó en una demanda contra el Ayuntamiento.
Tras varios años de litigio, el Tribunal resolvió a favor de los particulares, obligando al Municipio a enfrentar un pago que compromete recursos destinados a obras y servicios.
Explicó que el pago ordenado por el Tribunal tendrá un impacto directo en las finanzas del Ayuntamiento, lo que podría afectar la ejecución de obras, la prestación de servicios públicos y diversos programas en beneficio de las familias mazatlecas.
Ante este escenario, consideró indispensable que se inicie un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios involucrados en los hechos que derivaron en la condena contra el Municipio.
Parada Valdivia, sostuvo que el cumplimiento de la sentencia no debe convertirse en el punto final del caso, ya que consideró necesario determinar quiénes tomaron las decisiones que desencadenaron el litigio y si existieron omisiones durante la defensa jurídica del Ayuntamiento.
“No es aceptable que los errores de unos cuantos terminen siendo pagados por miles de ciudadanos mediante recursos públicos”, expresó.
Asimismo, planteó que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién tomó las decisiones que originaron la demanda, qué actuaciones provocaron que el Ayuntamiento perdiera el litigio, si existe responsabilidad patrimonial de servidores públicos y si es posible ejercer acciones legales para recuperar parte del daño ocasionado al erario.
El regidor adelantó que desde el Cabildo impulsará que el caso no concluya únicamente con el pago de la sentencia, sino que también se realice una investigación seria y transparente para deslindar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Finalmente, sostuvo que en Mazatlán debe prevalecer el principio de que quienes ocasionen un daño al patrimonio público respondan por sus actos y que el costo de esas decisiones no recaiga sobre la ciudadanía.
