Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- El Ayuntamiento de Mazatlán enfrenta un nuevo revés jurídico que evidencia la falta de capacidad de su cuerpo de abogados para defender el patrimonio municipal, tras confirmarse que la Comuna está obligada a pagar una suma superior a los 13 millones de pesos que con actualizaciones podría brincar a 17 millones a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, operadora del Estadio Teodoro Mariscal, expuso el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
El director del organismo civil, Gustavo Rojo Navarro, advirtió que el municipio arrastra un historial de pérdidas millonarias en los tribunales debido a la negligencia institucional.
“Entonces, ¿quién no hizo bien su chamba? El ayuntamiento, el municipio, el área legal. Hay responsables, claro que hay responsables. De origen, el responsable fue quien dio el permiso en aquel tiempo, ¿no? Y después, el que no atendió su responsabilidad jurídicamente. Entonces, bajo este ejemplo, pues acá ya sabemos lo que puede pasar”, señaló el activista.
La organización civil hizo hincapié en que se siguen cometiendo los mismos errores del pasado que terminan asfixiando las arcas de la hacienda municipal y, por consecuencia, perjudicando de manera directa a los ciudadanos, ya que el dinero que hoy exige el juez para liquidar la condena proviene de los impuestos de los mazatlecos, es un recurso público que terminará en manos de particulares en lugar de ser encauzado a la ejecución de obras prioritarias, infraestructura urbana o servicios básicos para la comunidad que tanto urgen en el puerto.
Finamente, agregó que esta ineficacia de los asesores jurídicos municipales ya cuenta con un duro antecedente en la memoria de los mazatlecos: el histórico “Caso Nafta”. Aquel conflicto se originó en 2012 cuando el Ayuntamiento revocó ilegalmente un permiso de construcción de una gasolinera a Nafta Lubricantes, lo que desató una demanda en 2014 que el área legal no atendió debidamente; al final, los tribunales federales ampararon a la empresa y obligaron al municipio a pagar un histórico boquete financiero de 141.8 millones de pesos, liquidado mediante abonos y la entrega de valiosos terrenos subvaluados en zonas turísticas e industriales, repitiéndose hoy el mismo patrón de omisión y desfalco.
