Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- Las recientes movilizaciones de extrabajadores y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las que se suman afectados de otras instituciones y organismos públicos golpeados por esta medida, como Pemex, Luz y Fuerza del Centro, Bancomext, Banobras y Nacional Financiera han puesto en el centro del debate público una interrogante clave: ¿por qué se manifiestan y qué hay detrás de sus reclamos?
La inconformidad de estos gremios surge directamente ante la aplicación de recortes a sus ingresos de retiro que van del 30% al 75%, mediante los cuales el Gobierno Federal busca fijar un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales a quienes previamente percibían sumas de 150 mil pesos o más.
Sin embargo, para entender el contraste que genera esta protesta, es necesario observar la realidad del trabajador y jubilado promedio en México. Mientras estos excomisionados marchan para defender ingresos de seis cifras, millones de adultos mayores y pensionados del sistema ordinario intentan cubrir el costo de la canasta básica y sus necesidades de salud con montos que apenas rondan los 9 mil pesos al mes.
Bajo este panorama, el ajuste al personal de confianza suele ser respaldado por un sector importante de la opinión pública, que no lo interpreta como un despojo laboral, sino como una corrección indispensable ante las denominadas “pensiones doradas” que durante décadas sofocaron las finanzas del Estado.
No obstante, el dilema no radica únicamente en la justicia social, sino en la legalidad del procedimiento. El motivo central por el que los inconformes argumentan que la medida es ilegal radica en su carácter retroactivo: al imponer topes salariales sobre derechos y montos que ya estaban juzgados, pactados y consolidados desde años atrás, la reforma impulsada por el Gobierno Federal transgrede de manera directa el artículo 14 de la Constitución Política, el cual prohíbe aplicar la ley en perjuicio de cualquier persona de forma retroactiva.
