El Gobierno federal pondrá fin al contrato con RCU Sistemas, empresa encargada de ejecutar parte de las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras las quejas relacionadas con sus servicios.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que la compañía ya fue notificada, aunque reconoció que sustituirla requiere un proceso que permita mantener la atención de cerca de tres mil periodistas y defensores de derechos humanos.
“La empresa ya ha sido notificada de que terminará en breve el contrato, eso no es tan sencillo, el cambio, pero lo estamos haciendo”, afirmó.
Indicó que sustituir a la compañía implicará una transición en la operación de las medidas de protección, por lo que sostuvo que las autoridades federales ya trabajan para concretar el cambio sin desatender a las personas incorporadas al mecanismo.
“No permanecemos con los oídos sordos, estamos actuando y lo vamos a seguir haciendo. (…) Estamos en la búsqueda de una mejor administración y de mejores resultados sobre este mecanismo debido a algunas de las quejas, porque escuchamos y estamos conscientes de lo que se puede mejorar”, señaló.
Asimismo, rechazó que exista una política de censura o persecución contra quienes mantienen posiciones distintas a las del Gobierno y aseguró que en el país se encuentran garantizadas la libertad de expresión y la libre manifestación.
“Pueden tener la certeza de que en México no se persigue a nadie por pensar distinto, hoy como nunca se garantizan los derechos a la libertad de expresión y a la libre manifestación”, sostuvo.
Aunque admitió que pueden presentarse problemas en gobiernos estatales o municipales, consideró que esos casos no representan la regla nacional y afirmó que las autoridades federales reciben diariamente las inconformidades relacionadas con el servicio de protección.
Cada vez que se reporta una agresión contra un comunicador, agregó, el mecanismo establece contacto con el gobierno y la fiscalía de la entidad correspondiente, además de comunicarse con la familia de la persona afectada para dar seguimiento al caso.
“El respeto a la libertad de expresión no es una concesión, es una obligación del Estado”, subrayó.
Externó que el Gobierno mantendrá la atención a las denuncias de periodistas y defensores de derechos humanos mientras avanza el reemplazo de RCU Sistemas y se concreta la transición de los servicios que presta al mecanismo.
