Mazatlán, Sin (RI Noticias).- La Fiscalía estatal descartó destituirlo y señaló que su permiso sin goce de sueldo vence en noviembre; su salida anticipada sólo ocurriría mediante una renuncia voluntaria.
Dámaso Castro Zaavedra no será destituido por ahora de la Vicefiscalía General de Sinaloa, pese a estar señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red de Los Chapitos.
La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que Castro permanece con licencia sin goce de sueldo y que ésta concluirá en noviembre de 2026. Si al terminar el permiso el funcionario decide no regresar, tendría que presentar su renuncia.
“La licencia de él vence en noviembre de este año”, explicó la fiscal.
Sánchez Kondo también señaló que la Fiscalía estatal no tiene información oficial sobre la conclusión de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR) contra Castro, quien compareció ante esa institución en mayo pasado. Actualmente, la Vicefiscalía permanece bajo la conducción provisional de José Roberto Quiñonez Coronado.
Señalamientos en Estados Unidos
Castro Zaavedra, quien ocupaba el cargo desde 2021, fue incluido entre los funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con Los Chapitos.
De acuerdo con la acusación presentada en Nueva York, habría recibido sobornos a cambio de proporcionar información sobre operativos de la DEA. Castro ha rechazado los señalamientos.
El funcionario también ha sido cuestionado por su actuación en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. La FGR posteriormente determinó que la versión inicial sobre un supuesto intento de robo en una gasolinera presentaba irregularidades y estableció que el video utilizado como evidencia había sido manipulado.
Mientras la investigación federal continúa sin una resolución definitiva, Castro permanece separado temporalmente del cargo y sin sueldo.
La situación forma parte de un caso más amplio que involucra a funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos. Hasta ahora, la mayoría de estos casos permanecen sin una resolución judicial firme en México.
