Culiacán, Sin. || (Ri Noticias).- Luego de una audiencia que se prolongó por casi 10 horas, un juez de control determinó vincular a proceso al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y a seis integrantes del Comité de Adquisiciones de su administración, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de una empresa para recuperar la cartera vencida del impuesto predial.
Los imputados son señalados por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, derivados del contrato celebrado con la empresa Extratimex para realizar labores de cobranza de adeudos municipales.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la cartera contemplaba 63 mil 145 claves catastrales, con adeudos estimados en más de 2 mil 677 millones de pesos. El contrato establecía una comisión del 35 por ciento sobre lo recuperado, cuyo monto potencial fue calculado en más de 937 millones de pesos.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que la contratación se realizó con recursos municipales y que no se acreditó la existencia de un daño al erario. También argumentó que el Ayuntamiento únicamente habría pagado poco más de 1.5 millones de pesos por los servicios, además de señalar que se analizaron otras propuestas antes de seleccionar a Extratimex.
Los abogados también plantearon la posible prescripción de la causa penal y señalaron que el municipio no contaba con suficiente personal para atender por cuenta propia la totalidad de la cartera vencida.
En contraparte, la Fiscalía sostuvo que el Ayuntamiento debió realizar una licitación pública, independientemente de que los recursos fueran municipales, y afirmó que no se llevó a cabo un estudio de mercado que justificara la contratación.
El Ministerio Público además acusó que la empresa habría simulado actividades mediante documentación presuntamente irregular, incluyendo formularios que, según la acusación, fueron firmados por personas que ya habían fallecido.
Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez de control Carlos Alberto Herrera resolvió dictar el auto de vinculación a proceso.
Como medidas cautelares, los imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares y tendrán prohibido salir del país sin autorización judicial.
Asimismo, se mantuvo la suspensión temporal del cargo para la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores y la regidora Judith Elena Luna Castro, quienes ya contaban con esta medida derivada de procesos anteriores.
El juez estableció finalmente un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía y la defensa podrán aportar nuevos elementos al proceso.
