Mazatlán, Sin (RI Noticias). – Sinaloa enfrenta un rezago de alrededor de 100 mil carpetas de investigación, mientras la Fiscalía General del Estado opera con aproximadamente la mitad de los agentes del Ministerio Público que requiere, expuso Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), durante una entrevista.
De acuerdo con el funcionario, la institución cuenta con cerca de 400 ministerios públicos, cuando debería tener alrededor de 800 para atender las necesidades de investigación. Esta insuficiencia de personal explicó, se suma a un rezago histórico que se ha acumulado ante el incremento de las exigencias del sistema de justicia.
“Humanamente imposible que los agentes del Ministerio Público, y por más disposición que tengan, puedan abatir ese rezago y atenderlo de hoy sin voltear al pasado”, señaló Calderón Quevedo al referirse a la magnitud de las carpetas pendientes.
Sinaloa concentra el 25% de los decomisos de armas
El coordinador del CESP destacó que las acciones gubernamentales contra la delincuencia han registrado resultados importantes en materia de decomisos y detenciones. Según las cifras que presentó, Sinaloa concentra el 25% de los decomisos de armas de fuego del país, pese a representar aproximadamente el 2.5% de la población nacional.
Asimismo, indicó que en el estado se desmantela alrededor del 20% de los laboratorios de sustancias prohibidas a nivel nacional. También mencionó cerca de 5 mil detenciones en septiembre de 2024, aunque durante la entrevista no precisó con claridad el periodo al que corresponde esta última cifra.
Detenciones sin sentencia, uno de los principales desafíos
Pese a estos resultados operativos, Calderón Quevedo advirtió que una parte importante de las personas detenidas no recibe sentencia o recupera su libertad en un periodo corto.
Atribuyó parte de esta problemática a las deficiencias de coordinación entre los agentes del Ministerio Público y los jueces, además de la insuficiencia de personal y el rezago acumulado en las investigaciones.
En este contexto, sostuvo que los decomisos y las detenciones deben acompañarse de investigaciones eficaces y procesos judiciales que permitan llevar los casos ante la justicia.
El coordinador del CESP señaló que atender esta problemática requiere fortalecer las capacidades de las instituciones, incrementar los recursos destinados a las fiscalías y mejorar la coordinación entre las autoridades ministeriales y judiciales.
