Ciudad de México (RI Noticias). – Pablo Gómez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que el organismo bloqueó cuentas de empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con sus declaraciones, las medidas alcanzaron a compañías relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes han sido vinculados con contratos para suministrar materiales electorales. La inclusión de empresas en la lista de personas bloqueadas no constituye, por sí misma, una sentencia por lavado de dinero.
Gómez cuestionó que algunas compañías obtuvieran contratos del INE y de organismos electorales estatales sin contar con plantas industriales para fabricar los productos. Según explicó, estas empresas operaban como intermediarias y encargaban la elaboración de los materiales a terceros.
El caso tiene antecedentes en noviembre de 2023, cuando la UIF incorporó a empresas y empresarios a su lista de personas bloqueadas. Posteriormente, una revisión de contratos publicada en octubre de 2026 identificó al menos 49 acuerdos por más de mil 450 millones de pesos, adjudicados entre 2018 y 2025 a empresas relacionadas con uno de los empresarios señalados.
Las contrataciones también han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y los procedimientos de adjudicación dentro del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha defendido la legalidad de los procesos y señalado que los contratos están sujetos a auditorías.
Gómez sostuvo que las restricciones financieras buscan prevenir operaciones posiblemente ilícitas y cuestionó las dificultades para dar seguimiento a estos casos cuando llegan al Ministerio Público. La determinación de posibles responsabilidades penales corresponde a las autoridades competentes y, en última instancia, a los tribunales.
