La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, insistió en que la activista Kenia Hernández, en prisión desde hace más de tres años por presuntos ataques a las vías de comunicación, debe ser liberada.
En redes sociales, expuso que recibió “noticias muy preocupantes sobre la seguridad de la defensora indígena, detenida injustamente en México”, ya que fue “gravemente” agredida por una interna en el Centro Preventivo y de Readaptación Social (Cereso) Chiconautla, Estado de México, el 30 de mayo pasado.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que la agresión a Hernández fue “probablemente en aquiescencia de personal de seguridad y custodia” del Cereso. Por ello llamaron al gobierno del Estado de México para que se garantice la vida e integridad personal de la defensora “y con celeridad encontrar caminos jurídicos que la pongan en pronta libertad”.
Señalaron que Hernández es “presa política por el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo y hostigada judicialmente por Caminos y Puentes Federales”. Indicaron que después de una estancia de estar privada de su libertad en el Cefereso 16 de Morelos, “por motivos de acercamiento familiar”, fue trasladada al Cereso de Chiconautla en febrero de 2024.
