La organización México Evalúa advirtió que más del 93 por ciento de los delitos que se denuncian e investigan quedan impunes en el país, y avisó de la falta de atención a las causas y los riesgos que la reforma judicial y la militarización suponen para las instituciones de justicia penal.
Según el reporte ‘Hallazgos 2023: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal‘, presentado en la capital mexicana, el año pasado 93.6 por ciento de los delitos investigados quedaron impunes en todo el país, con mayores índices en los estados de Oaxaca (99.9 por ciento), Jalisco (99.1 por ciento) y Colima (97.5 por ciento).
Además, los delitos con mayores índices de impunidad el año pasado fueron desaparición forzada (99.5 por ciento), extorsión (98.3 por ciento), fraude (97.2 por ciento) y homicidio doloso (96.8 por ciento).
El informe pone lupa en las deficiencias del sistema de justicia penal mexicano y resalta que “la sobrecarga en fiscalías, juzgados y defensorías públicas puede llevar a errores procesales, investigaciones apresuradas o defensas inadecuadas, comprometiendo el debido proceso”.
Además, destaca que, en 2023, cada fiscal o agente del Ministerio Público atendió en promedio 310 carpetas de investigación, un aumento de 71 por ciento, frente a las 181 reportadas en 2022; mientras que cada juez en materia penal atendió en promedio 356 causas, cuando el año anterior fueron 335.
En medio de la polémica por la elección de jueces en 2025, la ONG advirtió que los promotores de la reforma judicial aseguraron que esta contribuirá a la reducción de la impunidad, pero “en realidad se ignoraron sus causas y condiciones “.
Asimismo, alertó que “involucrar a la Guardia Nacional en la investigación de delitos distorsionará la justicia penal, ya que su formación militar carece del enfoque en seguridad ciudadana y derechos humanos necesario para una investigación efectiva”.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, apuntó que “actualmente, solo 3.6 por ciento de las carpetas de investigación llegan ante un juez”.
“Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías”, señaló Camacho, en la presentación del informe.
Mariana Campos, directora general de la organización indicó que “para mejorar la justicia penal, se necesita fortalecer a las instituciones con personal capacitado y suficiente”.
“Para lograrlo, no bastará con invertir más recursos. Se debe replantear su distribución con una visión de sostenibilidad, inclusión y orientación a resultados”, afirmó.
Entre otros hallazgos, México Evalúa destacó que los procesos penales más rápidos fueron mediante acuerdos reparatorios, con 214 días en promedio; mientras que los juicios orales fueron los más largos, con 553 días.
Con ello, la ONG cuestionó el acceso a una justicia pronta y expedita que promete la próxima elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.
