El Instituto Nacional Electoral (INE) inició este sábado el proceso de verificación de las postulaciones realizadas por los partidos políticos en el actual proceso electoral para constatar que cumplan con la reforma constitucional aprobada en 2023 y no hayan sido sancionadas, con sentencia firme, por alguno de los ocho supuestos de violencia de género.
En un comunicado, el INE detalló que a partir de este momento y hasta el próximo 5 de marzo, solicitará información a las autoridades locales y federales para asegurarse de que las personas postuladas no tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política, o sean deudores alimentarios.
El organismo electoral señaló que los ocho requisitos constituyen “un instrumento normativo para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados”.
Las candidaturas “debieron llenar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que afirman no encontrarse en algunos de los supuestos”.
La lista de candidaturas está disponible desde el sábado en el portal del INE, por lo que las y los ciudadanos también pueden hacer llegar información al instituto, en caso de que consideren que alguna no cumple con los requisitos indispensables.
Las y los ciudadanos podrán realizar sus denuncias a través de la página del INE o en los consejos distritales hasta el 2 de abril.
Una vez que el INE cierre la fase de obtención de información, se llevará a cabo el análisis y verificación.
“En los casos en que se advierta el posible incumplimiento de requisitos de elegibilidad de una candidatura y se cuente con evidencia, la Secretaría Ejecutiva dará vista -entre el 2 y 8 de mayo- a las candidaturas y al partido involucrado, para que en un plazo de tres días naturales manifiesten lo que a su derecho convenga”, señaló.
En caso de que “el INE tenga conocimiento de que alguna persona candidata incurrió en falsedad de declaraciones, dará vista a las autoridades respectivas y negará dichas candidaturas”, advirtió el organismo el pasado 17 de febrero.
La reforma constitucional aprobada el año pasado señala que ninguna persona podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, de encontrarse en alguno de los ocho supuestos antes mencionados.
Actualmente, 15 entidades poseen un registro de estos supuestos (Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas), a los que se solicitará la información, mientras que en el resto se hará a los tribunales superiores de justicia de cada estado.
