En México existe una crisis de múltiples violaciones a derechos humanos por la persistente desaparición forzada de personas que ocurre en el país, indicó una red de organizaciones de derechos humanos.
En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes’ (Red TDT) expresó en un comunicado su preocupación “por la persistente desaparición forzada de personas” en México.
La Red señaló que diversas organizaciones y colectivos han denunciado la existencia de subregistros y la inverosimilitud de las cifras oficiales.
México acumula más de 115.500 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que el proyecto de investigación ‘¿A dónde van los desaparecidos?’, sitio de investigación periodística y análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México, detalla que cerca de 50.000 desaparecieron durante la presidencia de López Obrador.
Además, dijeron que les preocupa “que los gobiernos no reconozcan la continuidad de esta grave violación a los derechos humanos” y, por el contrario, “se cuestione e invisibilice esta problemática”, manteniendo en la impunidad a los responsables de cometer estos crímenes.
“El Estado mexicano tiene la responsabilidad de buscar soluciones efectivas y garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en México”, apuntó la nota.
La Red recordó que colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada deciden acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la falta de atención del Gobierno mexicano, sin embargo, solo han recibido como respuesta del Gobierno la desacreditación, descalificación y la negación de la problemática.
También señaló que “a pesar de la existencia de importantes sentencias que señalan la responsabilidad del Estado mexicano en la comisión de estos, se ha mantenido el silencio tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos estatales”.
Y señalaron que las familias y colectivos de víctimas se ven en la necesidad de realizar las investigaciones y la búsqueda de sus seres queridos con sus propios recursos, “lo que los coloca en una constante situación de riesgo”.
Además, acusaron que las desapariciones están dirigidas hacia quienes alzan la voz, denuncian, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, defensoras del medio ambiente y recursos naturales y testigos clave en la denuncia de violaciones a los derechos humanos.
Por lo que, dijeron, “es urgente que el Gobierno atienda esta crisis y deje de negar su existencia”.
La Red reiteró la importancia de que, en los registros oficiales del Estado mexicano, las desapariciones “dejen de categorizarse de manera genérica, sin distinguir entre desapariciones forzadas y aquellas perpetradas por actores no estatales (particulares)”.
Y apuntó que es necesario seguir impulsando el reconocimiento del Estado mexicano el derecho humano a ser buscado, como lo establecen los marcos internacionales de protección contra las desapariciones forzadas y las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
