Culiacán, Sinaloa (RI Noticias). – Luis Armando Becerra Pérez, especialista en Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, consideró que en 15 de paralización económica como consecuencia del tercer Culiacanazo en los municipios de Culiacán, Navolato y Elota se han tenido pérdidas por 8 mil 100 millones de pesos, lo que amerita la implementación de un programa emergente por parte de los 3 niveles de gobierno que le permita a los sectores comercio y servicios resarcir los daños que hasta ahora ha sufrido como consecuencia del problema de inseguridad que estamos viviendo.
Tomando como referencia cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que señala que en el sector comercio y servicios de Culiacán laboran 441 mil 553 personas, en Navolato 21 mil 732 personas y en Elota 7 mil 933 personas, las empresas tuvieron que pagar 2 mil 024 millones de pesos por salarios no devengados o devengados parcialmente por sus trabajadores.
“Estaríamos pensando que solamente en el municipio de Culiacán tendríamos un efecto de 7 mil 100 millones de pesos por el Culiacanazo, si a eso le sumamos igual los salarios no pagados y las ventas no realizadas de los municipios de Navolato y Elota tendríamos en total 8 mil 100 millones de pesos que nos ha costado a la zona centro este problema de inseguridad que se está viviendo, que se está padeciendo en Sinaloa”, específico.
Destacó que a esta cifra se le suman las ventas no realizadas por el sector comercio y servicios que de acuerdo a la estimación de Canaco ascienden a 7 mil 100 millones de pesos tan sólo en el Municipio de Culiacán.
Al preguntarle qué propone el cómo economista ante una situación de esta naturaleza comentó que lo recomendable además de seguir protocolos de seguridad es que el Gobierno, en sus 3 niveles, diseñe un programa especial que permita a los empresarios resarcir parcialmente los daños que hasta el momento han sufrido.
“Yo creo que el Gobierno puede y debe hacer algo y me refiero a los 3 niveles de gobierno, cada quien en su competencia debe de buscar de resarcir con alguna política y algún programa especial que permita a las personas que se dedican a generar empleos vuelvan a tomar el cauce una vez pasados esos hechos”, subrayó.
El académico e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS puntualizó que es de justicia social y de Justicia económica que el Gobierno haga algo para resarcir los daños de un problema que no ocasionamos ni las personas de bien ni las empresas.
