El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sorprendió al reconocer públicamente que se encuentra en buró de crédito debido a un conflicto con una empresa de servicios digitales que le negó la cancelación de una suscripción.
El morenista relató que la situación ocurrió cuando intentó dar de baja un canal de entretenimiento, pero enfrentó múltiples obstáculos administrativos que terminaron afectando su historial financiero.
“Resulta que rentaba un departamento. Luego solicité que se cancelara mi suscripción en un canal de entretenimiento. Me pidieron que fuera personalmente a hacerlo, porque no aceptan cartas poder. Fui, me formé y me citaron a la siguiente semana. Y fui a la siguiente semana y tampoco se pudo cancelar. Y me siguieron cobrando en la tarjeta. Cancelé la tarjeta, sólo para no pagar algo indebido. Y me mandaron a buró de crédito. Estoy en buró de crédito, debo confesarlo con humildad”, explicó ante legisladores.
Cancelar servicios es imposible
El tema salió a colación en el marco de la discusión para modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La reforma busca que las empresas de servicios digitales estén obligadas a informar de manera clara, visible y accesible si un contrato implica cargos periódicos, detallando los montos, las fechas y la frecuencia de cobro.
Monreal expuso que su caso no es aislado, sino una problemática que enfrentan miles de usuarios que caen en prácticas abusivas por parte de las compañías. “No sé si alguno de ustedes, legisladores, ciudadanos, medios de comunicación, reporteros o trabajadores, han padecido el abuso de algunas de ellas. Es impresionante porque es muy fácil contratarlos, basta un click para suscribirse, pero si quieres cancelar una de esas suscripciones: imposible”, subrayó.
El legislador insistió en que la facilidad para contratar servicios digitales debe estar acompañada por mecanismos ágiles de cancelación, a fin de evitar afectaciones injustas a los consumidores.
La propuesta legislativa contó con el respaldo de 438 votos a favor, debido a que responde a una queja frecuente de la ciudadanía.
De aprobarse en el Senado, las modificaciones representarían un avance en la protección de los derechos de los consumidores, especialmente en un entorno digital donde los contratos electrónicos se han vuelto cotidianos.
