Mazatlán, Sin. (RI Noticias).- La prevención del reclutamiento forzado y la participación de adolescentes en actividades ilícitas requiere de un esfuerzo coordinado entre el Estado y el núcleo familiar. Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada A.C., subrayó que no se puede delegar toda la responsabilidad al gobierno, ya que la vigilancia primaria corresponde a quienes ejercen la patria potestad.
El especialista destacó que la descomposición social actual exige que los padres mantengan una comunicación estrecha y supervisión constante sobre las amistades, el manejo de dinero y el comportamiento de sus hijos para evitar que sean vulnerables ante los grupos delictivos.
“Es una responsabilidad compartida, tanto de la familia… No toda la culpa la tiene el Estado. Es una descomposición social que vivimos y como tal hay que asumirlo. Hay que educar, que no quede como padre de decir, fui omiso, no estuve al pendiente. Hay que estar como familia, pues con todos los valores que esto conlleva a tener un buen desarrollo”.
El abogado señaló que, si bien existen propuestas para endurecer las penas contra adultos que corrompan a menores, la prevención desde el hogar es el factor determinante. Recordó que legalmente se considera adolescentes a las personas de entre 12 y 17 años, quienes, aunque cuentan con una legislación especializada con penas menores a las de un adulto, deben enfrentar las consecuencias legales de sus actos si se involucran en hechos constitutivos de delito.
En el marco jurídico, precisó que ante casos de reclutamiento forzado, es vital que las familias interpongan las denuncias correspondientes de manera inmediata para facilitar las investigaciones de la Fiscalía Especializada.
